Tres largos meses en los que muchos no tienen nada La actividad diaria de Cáritas constata el déficit de protección social ante la creciente demanda ocasionada por la crisis. El informe de la entidad destaca que las administraciones no han sabido adaptarse a la nueva situación: los servicios sociales públicos dan citas a largo plazo a los demandantes de ayuda (de treinta a noventa días) y tramitan las peticiones en plazos de tres meses o superiores, «un trimestre en el que la gente sigue teniendo que comer, vestirse y pagar sus deudas para no quedarse en la calle», apunta Silverio Agea, secretario general de Cáritas. El estudio también subraya que España es el único país europeo que sigue sin tener una última red de protección social «y aunque la crisis pase antes o después, la resaca va a ser grande», advierte el autor del informe, Luis Ayala, quien considera la situación actual «como una oportunidad para revisar nuestro modelo de protección social y de sociedad».

M. ASENJO/S. CAMPELO | MADRID, 26/06/2009
Cáritas atendió en 2008 un total de 597.172 peticiones de ayuda «básica para subsistir», lo que supone un 50% más que en 2007, cuando 400.000 personas acudieron a la red estatal de acogida de la princial entidad caritativa de la Iglesia católica.

Aunque el aumento medio de los de los usuarios de los Servicios de Acogida y Atención primaria se ha estimado en un 50%, hay casos en los que ese incremento llega al 70% y es mayor en las grandes urbes y en el sur de España. La cifra de beneficiarios de esas ayudas es la más alta en los últimos 40 años, según dijo ayer el secretario general de Cáritas, Silverio Agea, en la presentación del informe «Cáritas ante la crisis. Impacto, diagnóstico y respuestas».
La datos del informe revelan que la mayoría de las demandas de emergencia son para afrontar necesidades básicas, como alimentación, vivienda y gastos sanitarios. Destacan también otros servicios como vestido, educación y formación, acceso al empleo y asesoramiento en temas legales y de extranjería.

En cuanto al perfil de las personas que demandan ayudas, Agea indicó que ha cambiado y ahora es el de personas jóvenes (de entre 20 y 40 años) con niños pequeños, desempleados recientes que están a punto de perder las prestaciones por desempleo o mujeres solas con cargas familiares. «También cada vez más se acercan a Cáritas hombres solos sin hogar, separados o divorciados, que están en paro y no pueden afrontar el pago de un hogar donde vivir, y trabajadores autónomos que han tenido que cerrar sus pequeños comercios a causa de la crisis».

Junto a Agea, asistieron a la rueda de prensa, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Luis Ayala, y el coordinador del Área de Acción en los territorios de Cáritas, Sebastián Mora. Todos denunciaron que la situación descrita tiene entre sus causas «la falta de respuesta de los servicios sociales públicos» a la crisis y apoyaron sus afirmaciones en que «el 52% de las personas atendidas por Cáritas a través de los servicios de acogida llegan derivados por los servicios sociales». Entre las causas de este fenómeno, los responsables de Cáritas destacaron la escasez de recursos en las administraciones públicas, la dureza de los requisitos para acceder a esas ayudas y la excesiva lentitud en la respuesta a las demandas de auxilio, con demoras de hasta 98 días,

Pacto de Estado
Silverio Agea resaltó que esta falta de respuesta constituye «una grave dimisión de responsabilidades de los serviciso públicos, que está obligando a Cáritas a asumir su papel y a desarrollar un modelo de atención puramente asistencialista». En este contexto pidió un pacto de Estado para dotar de manera urgente a esos servicios de los recursos económicos necesarios y evitar así que las personas necesitadas caigan en la «más absoluta pobreza y exclusión».

Luis Ayala ha elaborado junto a Miguel Laparra una propuesta promovida por la Fundación Foessa para modificar las rentas mínimas. Según el estudio «El sistema de garantía de ingresos mínimos en España y la respuesta urgente que requiere la crisis social», la cuantía suficiente para articular un sistema básico de garantía social (rentas mínimas), que equivaldría a garantizar el 85% del salario mínimo interprofesinal, del que se beneficiarían 470.000 hogares sin ninguna ayuda estaría entre 1.800 y 2.200 millones de euros.

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