Mariano Blázquez

La expectación creada en torno al proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en el que trabaja el Gobierno español, que ha merecido especial atención por parte de distintos medios en los últimos días, está en el origen de esta esclarecedora entrevista que ofrecemos a nuestros lectores.

MADRID, 02/09/2009 | Noticias FEREDE

PREGUNTA: ¿Había necesidad, desde el punto de vista de las confesiones minoritarias, de reformar la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa?

Desde la Federación protestante (FEREDE) no se ha solicitado una nueva Ley orgánica de Libertad Religiosa.

El problema no es tanto la ley que, aunque es mejorable, fue aprobada por un gran consenso en la etapa inicial de la democracia. El problema radica en dos factores. El primero son los Acuerdos con la confesión mayoritaria que son anteriores a la ley de 1980 y responden a un criterio predemocrático. El segundo problema es el escaso desarrollo de esa ley Orgánica de Libertad Religiosa quizás porque se tiene tendencia a que todo lo relacionado con la Iglesia católica se regule por una normativa exclusiva para esta confesión. La consecuencia es que no hay un desarrollo reglamentario suficiente para el resto de las confesiones religiosas.

P: ¿Qué es lo que pide FEREDE entonces?

Lo que se ha solicitado es un desarrollo de la ley existente y de los Acuerdos que tenemos firmados con el Estado.

También hemos solicitado que se solventen algunos problemas que afectan a los protestantes y otras minorías religiosas. No hemos recibido respuesta a estas solicitudes y en algunos casos llevamos años esperando una reunión.
Un asunto trascendental que solicitamos es que se termine con el acoso que algunos ayuntamientos realizan a las confesiones religiosas para que no se establezcan en su demarcación territorial y que se dicte una normativa común y para toda España orientada a armonizar los derechos de planificación urbanística con los del ejercicio real y efectivo de la libertad de culto de las comunidades religiosas.

P: ¿Quiere decir que esta reforma de la Ley parte de una iniciativa del Gobierno, sin haber consultado a las confesiones religiosas?

Después de anunciarse públicamente la intención del Gobierno de cambiar la ley, se nos ha consultado a través de la Dirección General de Relaciones con las Confesiones Religiosas la opinión a las confesiones con notorio arraigo, dándonos la oportunidad de sugerir asuntos a cambiar. Esta tarea se está realizando de modo abierto y satisfactorio, escuchándose todas nuestras peticiones, aunque ignoramos si tendrán alguna influencia en la futura ley.

P: Parece un poco escéptico con respecto al resultado final del proyecto…

Desconocemos cuales son los criterios del Gobierno de modo concreto. No hemos tenido acceso a ningún texto o borrador de esa posible ley, por tanto no podemos dar una opinión sobre su contenido.

P: ¿Hay algún aspecto que le produzca especial preocupación?… ¿Qué le haga pensar "mejor quedara todo como estaba"?

Nuestro temor es que se no se afronten en la reforma los verdaderos problemas estructurales del sistema de libertad religiosa.
Si se cambia la norma, lo mejor sería un consenso generalizado, sobre todo si deseamos no romper la paz religiosa que es clave para la futura paz social.

P: Y ¿cuál sería, en su opinión, el modelo ideal de relación Confesiones religiosas-Estado para garantizar esa paz social?

La reforma debería orientarse hacia la neutralidad porque en España todavía se percibe la tensión entre lo clerical y anticlerical, que son muestras de la lucha sorda por el espacio público.
Debe encontrarse un lugar adecuado para la vivencia religiosa y para su expresión pública como una opción más, pero sin menoscabar o pretender una influencia ilegítima en la actuación política y los partidos políticos. Las confesiones deben situarse al margen de las luchas por el poder. Esa no es su tarea. Como tampoco lo es de un partido favorecer directa o indirectamente a una determinada confesión por muy mayoritaria que sea.

P: Pero ¿esa neutralidad no está suficientemente garantizada por la Constitución, la LOLR de 1980 y los Acuerdos de Cooperación? ¿No se trata más bien de una cuestión cultural, que se sobrepone a la normativa jurídica?

Se supone que esto lo hemos conseguido, pero no es verdad. La reforma debería orientarse hacia una mayor igualdad jurídica, la promoción de una mayor igualdad social. Todos los gobiernos de la democracia han venido discriminando sistemáticamente a las confesiones minoritarias hasta el momento actual.

P: ¿Y por dónde habría que empezar? ¿Se justifica tanta polémica por lo de los símbolos religiosos…?

La reforma debería atender a las causas profundas y las deficiencias estructurales de la regulación religiosa.
El protocolo público, los funerales de estado, son asuntos conocidos y ahora salta a la prensa también la polémica sobre los crucifijos en las escuelas. No tengo problemas, e incluso lo preferiría el que, por respeto a otras confesiones no cristianas, se supriman los crucifijos en las aulas de las escuelas públicas. Pero para mí esos asuntos no dejan de ser el fenómeno, o ‘los síntomas’ del verdadero mal que nos afecta, que en realidad es doble: la tensión no resuelta en España del clericalismo y anticlericalismo, y la desconfianza y la segregación consuetudinaria hacia las confesiones minoritarias que se manifiesta en muchísimos estratos del aparato del Estado y de la sociedad.

P: ¿Podría mencionar algún ejemplo concreto?

En mi opinión, la desconfianza institucional es la repuesta a la razón por la que el Ayuntamiento de Madrid esté cerrando algunas iglesias evangélicas por motivos que conocemos y que no aplica a la Iglesia católica.

La desconfianza es la respuesta a que la Generalitat de Cataluña pretenda controlar todos los lugares de culto por motivos de seguridad. Unos motivos y una seguridad que no aplica a los lugares de culto de la que ella es propietaria ni tampoco a los centros de culto que figuren en una relación de lugares de interés histórico o cultural. Esos lugares precisamente por ese interés deben estar más controlados en su seguridad, pero no es así porque en realidad la pretensión oculta es el control y no la integración y la participación.

También es la desconfianza mi respuesta a que los ciudadanos protestantes, destinatarios de los Acuerdos de cooperación con el Estado no puedan destinar una parte de sus impuestos en la casilla del IRPF. La desconfianza y no la crisis es la que ha ocasionado que las conversaciones se paralicen al día siguiente de haberse iniciado oficialmente hace más de un año.

P: Puestos a pedir… ¿qué le pediría a la nueva Ley de Libertad Religiosa en la que trabaja el Gobierno?

Que con la nueva ley los protestantes y las otras religiones dejen de tener tantos motivos para desconfiar.

FEREDE