El informe documenta un drástico aumento de condenas en 2024 y destapa cientos de casos desconocidos tras la filtración de millones de expedientes judiciales
La ofensiva generalizada emprendida por las fuerzas de seguridad iraníes contra las protestas que sacuden el país desde diciembre de 2025 ha dejado varios miles de fallecidos y decenas de miles de detenidos, según diversas organizaciones de derechos humanos. En el marco de la conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Islámica de 1979, distintas entidades han puesto el foco en otro fenómeno que se agrava en paralelo: la persecución sistemática de la minoría cristiana.
Las organizaciones Article 18, Puertas Abiertas, Christian Solidarity Worldwide y Middle East Concern han publicado recientemente el estudio titulado La punta del iceberg, un exhaustivo análisis sobre la situación de la libertad religiosa de los cristianos en Irán.
El informe aporta además datos inéditos sobre la persecución religiosa tras la filtración de tres millones de expedientes judiciales correspondientes a casos procesados entre 2008 y 2023 en la región de Teherán. Los archivos abarcan desde procesos penales contra ciudadanos comunes hasta causas abiertas contra presos políticos y religiosos. De ese amplio conjunto de documentos, al menos 300 casos involucraban directamente a miembros de la minoría cristiana.
Uno de los hallazgos más reveladores es que el 58% de esos casos eran desconocidos incluso para los propios autores del estudio, pese a su reconocida especialización en la materia. A ello se suman otros 37 casos documentados por las organizaciones que no figuraban en los archivos filtrados. Estos datos refuerzan la tesis central del informe: lo descubierto constituye solo “la punta del iceberg” de una realidad mucho más amplia y opaca.
Condenas de mayor duración
Las cifras correspondientes a 2024 evidencian un notable endurecimiento de las condenas. Ese año, 96 creyentes fueron sentenciados a penas que, en conjunto, alcanzan los 263 años de prisión. Se trata de un aumento de seis veces respecto al año anterior, cuando 22 cristianos recibieron condenas que sumaban 43,5 años.
El estudio también advierte de un incremento significativo en las penas de larga duración. Cinco personas fueron condenadas a más de diez años de cárcel, y en un caso la sentencia alcanzó los 15 años. Como consecuencia, la media de las condenas se sitúa ahora en dos años y medio, superando ampliamente las penas inferiores a dos años que predominaban en 2023.
Supuestas amenazas para la seguridad nacional
El análisis pone de relieve la existencia de un patrón de actuación reiterado y cuidadosamente articulado por las autoridades. Según el informe, los cristianos son estigmatizados de forma sistemática, presentados públicamente como miembros de una “secta” y señalados como unasupuesta amenaza para la seguridad nacional; cualquier expresión de fe puede convertirse en motivo de sospecha.
Además, la investigación muestra que la simple difusión de creencias cristianas es tipificada como si constituyera un delito contra el Estado. Los fieles son sometidos a interrogatorios exhaustivos acerca de sus convicciones religiosas y, en muchos casos, presionados para retractarse formalmente de su fe. Las Biblias son susceptibles de ser incautadas y presentadas como prueba incriminatoria.
El estudio también refleja como prácticas habituales en cualquier comunidad cristiana, como cantar alabanzas o reunirse en casas particulares para orar, son reinterpretadas por las autoridades como indicios de actividad delictiva y utilizadas para sustentar cargos penales.
Debilitar la sostenibilidad de las comunidades
En 2024 se intensificaron las confiscaciones de propiedades y las investigaciones financieras dirigidas a debilitar la sostenibilidad de las comunidades cristianas. Tanto los detenidos como sus abogados fueron interrogados con insistencia acerca de recibir fondos procedentes del extranjero. Además, en un periodo de apenas dos meses durante la segunda mitad del año, se registraron redadas en al menos cinco ciudades distintas.
Cada arresto fue ejecutado por agentes de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), quienes intentaron procesar a los acusados bajo la disposición reformada del Artículo 500 del Código Penal Islámico. Esta norma contempla penas de hasta diez años de prisión para quienes hayan recibido “ayuda financiera u organizativa desde fuera del país”.
Sin embargo, prácticas habituales en las iglesias de todo el mundo (como realizar donaciones, aportar ofrendas o contribuir con el diezmo para el sostenimiento de las actividades religiosas) han sido reinterpretadas por los tribunales revolucionarios iraníes como indicios de actividad criminal, consolidando así un marco legal que, según el estudio, restringe severamente la libertad religiosa en el país.
Puedes descargar el estudio completo a través del siguiente enlace:
