"¿Se nos ofrecerá una solución o tendremos que acudir a los tribunales, como hicieron los curas secularizados?". Con esta pregunta concluye el Editorial del nº 55 de Cristianismo Protestante – órgano informativo de la Iglesia Evangélica Española (IEE) – que reproducimos a continuación.

(MADRID, Cristianismo Protestante n55 | 09/03/2010) Poco a poco van falleciendo los pastores y las viudas de pastores que ejercieron su ministerio durante los largos años de la dictadura franquista. Y lo hacen en la tristeza de la marginación: sin pensión de jubilación, sin seguridad social, sin derechos sanitarios. Viven de lo poco que las iglesias que pastorearon les pueden pasar para no caer en la miseria más absoluta. Dedicaron los mejores años de su vida a la predicación del evangelio entre sus compatriotas, padeciendo día a día la marginación, cuando no la persecución, de un Estado que jamás quiso reconocer su existencia. Si pretendían cotizar en el servicio público de la Seguridad Social, no se les permitía hacerlo. En España, oficialmente, no había pastores protestantes.

Con el triunfo de las tropas franquistas, se impuso la unidad espiritual de España y los pastores fueron los primeros en sufrirla. Algunos tuvieron que exiliarse, otros fueron encarcelados, otros ejecutados, la represión fue muy dura. El Fuero de los Españoles (1945) abrió las puertas a la tolerancia, pero no al reconocimiento de sus derechos como ciudadanos españoles. Los protestantes, y especialmente sus pastores, continuaron siendo ciudadanos de segunda categoría, siempre marginados, sin ninguna cobertura legal, sin ninguna prestación social, sin posible previsión de futuro. Vivían el día a día, con ingresos económicos mínimos, ejerciendo su vocación pastoral.

Fueron años muy difíciles en los que sólo el sentido de vocación les mantuvo en la brecha. Nadie les dio su apoyo, excepto las pequeñas iglesias que se fueron creando y que, de su pobreza, les asistían. El protestantismo español sobrevivió a pesar de las continuas cortapisas de las autoridades. Tampoco la Iglesia Católica, subida al carro de los vencedores de la contienda civil, hizo nada ni protestó por el trato que se daba a los disidentes religiosos. La ley de 1967 que regulaba el derecho civil a la libertad religiosa no resolvió el problema. Daba paso al reconocimiento jurídico de las comunidades protestantes, pero el problema de la situación legal de los pastores continuaba en el aire. Todas las gestiones que se hicieron para conseguir que pudieran acogerse, como tales pastores, a la legislación vigente fueron vanas. Quizás cambiaron las formas, se dio la posibilidad de un diálogo con la Administración, pero las puertas quedaron cerradas.

No fue hasta después de la muerte de Franco y la instauración de la democracia, que las cosas empezaron a cambiar. La nueva Constitución (1978) y, posteriormente, la Ley de Libertad Religiosa (Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio) abrieron las puertas al pleno reconocimiento de los disidentes religiosos. El Estado dejó de ser confesional para, al menos oficialmente, poner a todas las religiones en plano de igualdad, aunque esto no fue realmente así, ya que la Iglesia Católica continuó manteniendo los privilegios, ya establecidos en el Concordato con la Santa Sede de 1953, revisados y renovados por el de 1979, firmado el 3 de enero de este mismo año, seis días después de la entrada en vigor de la nueva Constitución. Sin embargo, la situación de los pastores tardó tiempo en legalizarse. No fue hasta 1991 que fueron reconocidos como tales pastores y pudieron ejercer el derecho de inscribirse en el régimen de la Seguridad Social. Desde entonces, no ha habido más problemas. Las iglesias constituidas pueden libremente asegurar a sus pastores y resolver el espinoso problema de la pensión de jubilación.

Pero de la situación anterior quedó pendiente un tema importante para las pequeñas iglesias evangélicas: las pensiones de los pastores que habían ejercido su ministerio durante el régimen franquista y a los que no les fue permitido cotizar. Este mismo problema se planteó en otros colectivos para los cuales se buscaron soluciones. Por ejemplo, para el colectivo de sacerdotes secularizados, la Disposición adicional décima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, establecía: “El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses a partir de la aprobación de esta Ley, aprobará las disposiciones normativas que sean necesarias a los efectos de computar, para los sacerdotes y religiosos/as secularizados, el tiempo que estuvieron ejerciendo su ministerio o religión, y en el que no les fue permitido cotizar por su falta de inclusión en el Sistema de la Seguridad Social, con objeto de que se les reconozca el derecho a la percepción de la pensión de jubilación denegada o a una cuantía superior a la que tienen reconocida”. Que el problema no quedó del todo solucionado lo demuestra el hecho de que, según informó El País, 1500 curas secularizados han demandado a la Iglesia y al Estado por no reconocerles el pleno derecho a la jubilación. Esta demanda vino después de años de diálogo y de buenas promesas que no llegaron a cumplirse satisfactoriamente. Lo mismo que nos pasa a los protestantes que, también nosotros, hemos recibido buenas palabras e impresiones positivas y medio promesas de que las cosas se arreglarían, pero que pasan los años sin que se nos tome realmente en serio ni se nos ofrezca una solución.

La Comisión Permanente de la Iglesia Evangélica Española, afectada por este problema, ha hecho una declaración en la que se exige al gobierno que tome cartas en el asunto y resuelva el problema. En esta declaración se apela a la Ley de Memoria Histórica donde se afirma que: “es la hora de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia”. Esta declaración de la Iglesia Evangélica Española ha recibido numerosas adhesiones individuales y de instituciones. Organizaciones tan prestigiosas como el Consejo Mundial de Iglesias y la Conferencia de Iglesia Europeas se han dirigido al presidente Rodríguez Zapatero pidiendo que se busque una solución a este problema que aqueja a las iglesias protestantes históricas que sobrevivieron al franquismo. Es, simplemente, una cuestión de justicia.

¿Se nos ofrecerá una solución o tendremos que acudir a los tribunales, como hicieron los curas secularizados?

Editorial de Cristianismo Protestante, nº 55 (Enero-Marzo, 2010) | Iglesia Evangélica Española (IEE)