(Madrid, 10/07/2025) La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha enviado una carta a la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, en la que expresa su “profunda preocupación” por la proposición de ley que busca modificar el Código Penal para penalizar las denominadas “terapias de conversión”.

El proyecto legislativo, presentado y admitido para su tramitación parlamentaria, pretende castigar penalmente toda práctica orientada a modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género. Sin embargo, FEREDE alerta que, en su forma actual, la propuesta podría criminalizar actividades religiosas legítimas como la oración, el acompañamiento espiritual o el asesoramiento pastoral ofrecido de manera voluntaria.

“Compartimos la condena a toda práctica coercitiva o degradante, pero consideramos inaceptable que se confunda ese tipo de intervenciones con formas libres de acompañamiento espiritual”, señala Carolina Bueno, secretaria ejecutiva y representante legal de FEREDE. La federación, que representa a más de 3.500 iglesias evangélicas en España, denuncia que la ambigüedad del término “terapia de conversión” en la propuesta podría abrir la puerta a sanciones contra personas que simplemente prestan alguna ayuda o apoyo a quienes desean vivir conforme a su fe. Incluir “actos de cualquier naturaleza” —según FEREDE— refleja una “falta de rigor jurídico” que puede dar lugar a interpretaciones abusivas.

FEREDE insiste en que en sus iglesias no se practican terapias destinadas a cambiar la orientación sexual de las personas, pero defiende el derecho de toda persona a recibir acompañamiento espiritual voluntario, de acuerdo con su fe. “Penalizar estas prácticas sería una clara violación de la libertad religiosa. En una sociedad libre y plural, los ciudadanos tienen derecho a solicitar apoyo espiritual conforme a sus creencias, siempre que no medie coacción ni daño”, se afirma en la carta.

Desde una perspectiva jurídica, FEREDE recuerda que el artículo 16 de la Constitución Española protege la libertad religiosa como un derecho fundamental que incluye tanto la dimensión individual como colectiva, y que la doctrina del Tribunal Constitucional ha subrayado el derecho de las personas a actuar conforme al credo que profesan. En este sentido, la federación argumenta que recibir acompañamiento para alinear la conducta personal con las propias convicciones religiosas es parte del libre desarrollo de la personalidad y no debe ser objeto de sanción penal.

La federación también cuestiona la necesidad de la reforma penal, señalando que ya existen mecanismos administrativos suficientes, y que los casos realmente graves pueden ser sancionados por los artículos actuales del Código Penal, como los que castigan las coacciones, las lesiones o los delitos de odio.

En su misiva, FEREDE anuncia que trabajará activamente para evitar que la propuesta legislativa salga adelante. Y, en caso de que se mantenga la tramitación parlamentaria, exigirá que el texto sea redactado con el máximo rigor legal, de manera que se limite exclusivamente a conductas que impliquen tortura o daño físico o psicológico, y que no se criminalicen expresiones legítimas de fe ni el acompañamiento espiritual voluntario.

FEREDE solicita formalmente que se retire la proposición de ley o, en su defecto, que se revise el texto para:

. Asegurar una definición clara de las “terapias de conversión”, restringiéndola a casos de coacción o violencia real.

. Incluir la exclusión expresa de prácticas religiosas no coercitivas.

. Garantizar el respeto al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones (art. 27.3 CE).

Asimismo, FEREDE pide que se consulte sobre el particular a las confesiones religiosas y a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, conforme al principio de cooperación reconocido en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

La federación concluye su misiva manifestando su voluntad de diálogo y ofreciendo su colaboración para garantizar un marco legal respetuoso con todos los derechos fundamentales.