El Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, resumió el esquema en una frase: “la indemnización la fija el Estado y la Iglesia paga”, subrayando que “el Estado no abonará un céntimo”.

Según el protocolo, las víctimas acudirán a una unidad de tramitación en el Ministerio de Justicia, que trasladará sus expedientes al Defensor del Pueblo para una propuesta de reparación económica, moral o restaurativa. El Defensor ratificará cada dictamen y lo remitirá a la comisión de expertos de la Iglesia, que deberá pronunciarse, aplicando el mismo baremo utilizado por el PRIVA, con cuantías que, según fuentes consultadas, se sitúan por encima de las de la justicia civil.

Mecanismos y procedimientos

Si la Iglesia o la víctima no aceptan la propuesta, se activará una comisión mixta con representantes del Estado, la Iglesia y las propias víctimas para buscar un acuerdo final. En caso de bloqueo, la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, tras consultar a los presidentes de la Conferencia Episcopal y de la CONFER.

El sistema se articulará mediante un convenio que se concretará en el plazo de un mes y tendrá una vigencia inicial de un año prorrogable. Las indemnizaciones estarán exentas de tributación, con carácter retroactivo, de forma que las cantidades lleguen íntegras a las víctimas.

Relación con el PRIVA e impacto para las víctimas

La nueva vía nace como respuesta a las víctimas que desconfían de un procedimiento gestionado por las estructuras eclesiales, que percibían a la Iglesia como “juez y parte”. No obstante, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, insiste en que la puerta del Defensor del Pueblo no es “una vía paralela, sino complementaria”, que se suma al PRIVA, que ya ha distribuido cerca de dos millones de euros a unas cien víctimas, sin contar indemnizaciones previas de congregaciones religiosas.

Bolaños calificó el pacto como un “sistema mixto” que “saldará una deuda histórica y moral con las víctimas”, especialmente en los casos prescritos o con abusadores fallecidos, donde “ayer no tenían nadie”. Desde la Iglesia, Argüello subrayó que se trata de asumir su responsabilidad y expresó el deseo de que la experiencia sirva también a víctimas de otros ámbitos.

Compromisos del Estado y alcance más allá de la Iglesia

Como contrapartida, la Iglesia católica asegura haber arrancado al Ejecutivo el compromiso de abrir una vía de indemnización para menores víctimas de abusos en otros ámbitos, como la escuela pública o clubes deportivos, algo que Moncloa deberá ahora concretar. Sin embargo, el propio Bolaños matizó públicamente que el acuerdo firmado no recoge referencia expresa a víctimas ajenas al ámbito eclesial, lo que evidencia un matiz entre las versiones de Gobierno y episcopado.

El acuerdo se apoya en la Unidad de Atención a las Víctimas creada en el Defensor del Pueblo con motivo de su informe sobre abusos, que será el equipo encargado de tramitar y valorar los casos. De este modo, el Estado asume el papel de garante externo de imparcialidad, mientras la Iglesia financia las reparaciones en el marco de un compromiso moral, no de una obligación jurídica.

Respaldo del Vaticano y valoración eclesial

Desde Roma, la Santa Sede ha “bendecido” el acuerdo, respaldando a los obispos españoles y destacando que se trata de un fruto del esfuerzo conjunto y del diálogo, sin imposiciones ni presiones vaticanas. El cardenal Pietro Parolin elogió el trabajo realizado en la lucha contra los abusos y animó a buscar siempre la vía del consenso con el Gobierno, sin dictar los pasos concretos.

Luis Argüello ha agradecido el “apoyo explícito de la Santa Sede” y ha reivindicado la colaboración de la Iglesia con el Estado, la Fiscalía, la Justicia y el propio Defensor del Pueblo en todo el proceso. Tanto el ministro como los responsables eclesiales coinciden en que el pacto supone un paso “indiscutible” hacia la justicia para las víctimas, en una negociación compleja que, según reconocen, llega tarde para muchos pero pretende reparar una “huella de dolor” que “hiela el corazón”.

Grandes discrepancias en las cifras de víctimas

En el horizonte del presente acuerdo, no obstante, se aventura una negociación compleja, toda vez que existen grandes discrepancias en el alcance de los abusos y el número de víctimas. La Iglesia católica española ha reconocido entre 1.300 y 1.400 víctimas de abusos (1.385 en los últimos datos), identificadas en archivos diocesanos y de órdenes religiosas, sin que constituyan una estimación de prevalencia. En contraste, el informe del Defensor del Pueblo, basado en una macroencuesta, estima que el 0,6% de la población adulta (unas 236.000 personas) sufrió abusos por parte de clérigos, cifra que asciende al 1,13% (más de 440.000) si se incluye todo el ámbito religioso. Las organizaciones de víctimas consideran que los casos reconocidos son solo “la punta del iceberg”.