(ESPAÑA, 23/07/2009) El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha podido tomar una decisión sobre el informe del anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) – Ley del Aborto – que considera constitucional el texto y recomienda que los padres sean informados cuando sus hijas menores de edad soliciten abortar, aunque no sea necesario su consentimiento. Ha sido la oposción del presidente del CGPJ, Carlos Dívar quien, haciendo uso de su voto de calidad, ha impedido pronunciar un dictamen favorable al informe. En los últimos días todo apuntaba a que Dívar, católico confeso, situaría finalmente su voto al lado de los 9 magistrados conservadores, como parece ser que ha sido. Así, el dictamen ha quedado bloqueado al no lograrse una mayoría de 11 votos. El sector progresista -9 magistrados- votó a favor junto a la ponente Margarita Uría, elegida por el PNV, mientras que Dívar sumó su apoyo a los jueces conservadores, y el vocal de CiU, Ramón Camps, optó por la abstención. El resultado 10 votos a favor frente a 10 en contra. Ahora, caben dos posibilidades: 1) trasladar al Gobierno la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el informe; ó 2) que el Consejo redacte uno nuevo – que sería el tercero – después de que la Comisión de Estudios e Informes rechazara en primer lugar la propuesta de Fernández (PP), que consideraba inconstitucionales algunos aspectos de la ley. Difícil situación para el Gobierno En la víspera a este pleno, cuando ya fuentes oficiosas apuntaban a cuál sería el resultado de las deliberaciones en el seno del CGPJ, la prensa especulaba con las conseuencias políticas de tal resultado. EL PAÍS señalaba como responsable de la situación al presidente Zapatero:
FEREDE contra la reforma A principios del mes de mayo de 2009, la Comisión Permanente de FEREDE hizo pública una Declaración sobre la Reforma de Ley del Aborto, que fue enviada a todos los estamentos políticos, portavoces parlamentarios, autoridades civiles y religiosas, así como a los principales medios de comunicación. En su introducción, el documento dejaba claro que éste resumía "la posición mayoritaria de las Iglesias Evangélicas/Protestantes en España, sin perjuicio de que pueda haber otros evangélicos/protestantes quienes, desde su libertad de conciencia y opinión, puedan sentirse más, o menos identificados con la misma". No obstante, el texto tuvo una acogida muy positiva, incluso por parte de grupos ajenos – y aún distantes – a nuestra confesión religiosa. La Declaración reconocía la necesidad de abordar la realidad social de los embarazos no deseados, pero rechazaba que la reforma (hacia una Ley de Plazos) fuera la solución, al menos por tres razones: 1) porque no es éticamente aceptable; 2) porque no apunta a las causas sino a los efectos; 3) porque será socialmente contraproducente. El documento concluía con seis propuestas concretas en el terreno de la educación, la prevención y la asistencia a las madres, y con una reflexión en la que se subrayaba que la defensa de la vida del no nacido "no es una cuestión de ‘fe religiosa’, sino de derechos humanos universales, que no pueden ser negados a ningún serhumano, ni siquiera en su fase más temprana de formación y desarrollo".
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