Sara Domene, filóloga, cooperante y profesora de Castellano. Marruecos la considera una grave amenaza para el orden público, ¿usted qué cree?

(JORGE FERNÁNDEZ, 02/07/2010) Menuda, de rostro afable y sonrisa fácil, sus ojos claros son el espejo de un alma solidaria que le empujaron al Sáhara, hace cuatro años, para ayudar a la formación de profesores, enseñar castellano, y obtener recursos para el mantenimiento de dos centros de discapacitados.

A Sara Domene le faltaba poco para terminar su trabajo y regresar a su casa en Sant Boi del Llobregat (Barcelona), apenas unos días para despedirse de compañeros, alumnos y amigos con un "hasta pronto" y con la satisfacción moral del deber cumplido. Gracias a su trabajo, varios de sus alumnos habían conseguido acreditar su domino de la lengua castellana con un certificado del prestigioso Instituto Cervantes.

Pero los servicios de… ¿inteligencia? marroquíes ya habían dictado sentencia (sí, porque las sentencias en estos casos nunca son judiciales, sino policiales): "la cooperante española es una grave amenaza para el orden público y su expulsión es una necesidad imperiosa para salvaguardar la seguridad pública" (sic), y desde el Ministerio del Interior, dirigido por Taïeb Cherkaoui, se puso en marcha la inquisitorial burocracia…

¿Una grave amenaza para el orden público esta filóloga catalana, menuda y simpática? ¿Por enseñar castellano a personas adultas?

En otras circunstancias, el caso no pasaría de una anécdota cómica, por absurda, pero lo que está pasando en Marruecos es de una gravedad tal que cuesta entender por qué la comunidad internacional sigue mirando para otro lado.

Con una sola excepción; la semana pasada un hecho similar ha estado a punto de costarle a Marruecos un conflicto diplomático mayúsculo con su aliado más poderoso, los EE UU de Norteamérica. La tensión disminuyó sólo porque el Gobierno de Rabat decidió suspender las órdenes de expulsión que había comunicado a una docena de ciudadanos estadounidenses evangélicos el pasado fin de semana.

El ejemplo de la Administración Obama debería mostrar el camino a seguir a España y a Europa: el de la firmeza. No se puede guardar silencio o andar con paños tibios cuando de proteger los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos se trata. Y Marruecos ha traspasado en este aspecto varias veces el límite de lo admisible.

Por otra parte, hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre para que lo opinión pública internacional no se deje llamar a engaño por el discurso oficial del Gobierno marroquí acerca de las razones con que se justifican estas expulsiones, empezando por la acusación de "proselitismo" y siguiendo por lo de "grave amenaza para el orden público".

Hay que recordar que estas acusaciones en ningún caso, del centenar largo de cooperantes expulsados, han sido demostradas ante los tribunales de justicia. Tampoco responden a quejas o denuncias por parte de los ciudadanos marroquíes que, como se aprecia en las imágenes que han trascendido a través de la prensa, les han despedido con lágrimas y con gran pesar.

Y aquí conviene subrayar que, las verdaderas víctimas de estas expulsiones no son, principalmente, los cooperantes expulsados – a pesar de lo mucho que pueda afectarles la situación – sino los ciudadanos marroquíes a quienes su Gobierno, supuestamente, les ha protegido de "una grave amenaza".

Llamar a las cosas por su nombre es, también, decir que, lo que el Gobierno marroquí considera una "grave amenaza para el orden público" no son los cristianos expulsados, sino "la libertad de sus ciudadanos". Se acusa a los cristianos evangélicos de "intentar convertir a los musulmanes al cristianismo" – hecho que todos niegan y que, como ya se ha dicho, no ha sido demostrado – cuando en realidad lo que se pretende es castigar y controlar "la libertad de los ciudadanos marroquíes y el legítimo interés de algunos de ellos por el cristianismo".

Llamar a las cosas por su nombre es decir que, en Marruecos, el sólo hecho de poseer una Biblia en lengua árabe, puede ser interpretado como un acto de proselitismo, y que se considera "una grave amenaza para el orden público" que un ciudadano marroquí entre voluntariamente a un lugar de culto de otra confesión religiosa, aunque solo sea por curiosidad. (Recientemente la policía violó la inmunidad de un templo protestante en Marraquech para detener a una persona que había cometido ese "delito").

No es un asunto baladí. Los esfuerzos de buena parte de la sociedad marroquí por unirse al concierto de las naciones democráticas y desarrolladas del mundo, tienen en el integrismo religioso su peor amenaza. Sus aspiraciones se verán siempre frustradas mientras sus líderes religiosos califiquen las prácticas de otras confesiones de "terrorismo religioso" y sus gobernantes, en vez de llamar a estos a la moderación, se dediquen a perseguir y expulsar a maestras, profesores, cooperantes y empresarios, a quienes no se les ha probado otro "delito" que el de ser personas honestas, trabajadoras y solidarias.

No son los profesionales como Sara la grave amenaza para el orden público en Marruecos, sino el integrismo religioso y sus valedores.

Autor: Jorge Fernández, responsable de los Servicios de Comunicación y Prensa de FEREDE

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