(España, 19/02/2009) El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el informe con las conclusiones de la Subcomisión del aborto. El texto ha salido adelante con los 20 votos a favor de PSOE, ERC, IU, ICV, BNG y Nafarroa Bai, frente al rechazo del PP (16 votos en contra), la abstención del PNV y la no comparecencia de CiU.

Hay quienes califican esta aprobación como un paso decisivo hacia una ley de plazos que permitirá la libre interrupción del embarazo dentro de un determinado tiempo de gestación.

Ahora el texto aprobado será remitido al Gobierno que, a su vez, elaborará un proyecto de ley para su tramitación parlamentaria, presumiblemente, antes de final de año. Varios portavoces de la izquierda han manifestado su satisfacción porque, según han declarado, "ya es irreversible que en España haya una ley de plazos para el aborto".

Las conclusiones del informe hablan expresamente de ley de plazos, pero sin mención expresa al número de semanas límite para interrumpir voluntariamente el embarazo. Eso sí, hacen referencia a las legislaciones de países de nuestro entorno (Reino Unido, Holanda, Francia), que oscilan entre las 12 y las 24 semanas.

De la libertad de las mujeres surgen "nuevas demandas"

El Informe fundamenta su recomendación de reforma de la regulación actual de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en las carencias del sistema jurídico, educativo y sanitario para prevenir embarazos no deseados y para aplicar las indicaciones previstas en la Ley de 1985, actualmente en vigor, con garantías para las mujeres y los profesionales de la salud.

Subraya, sin embargo, que "la principal carencia" está en la actual ley, que no reconoce el derecho de la mujer de interrumpir el embarazo, teniendo que depender de terceros para la prestación sanitaria.

Denuncia, entre otras cosas, el abuso de la objeción de conciencia por parte de Centros Sanitarios y de profesionales que no tienen implicación directa en la IVE, y reclama a las autoridades sanitarias el apoyo a la IVE, para que no recaiga sobre su práctica una desvalorización social que desincentiva – afirman – a los facultativos.

Considera, la Subcomisión, que "la normalización del disfrute de la sexualidad en condiciones de libertad y de autonomía individual, por parte de las mujeres, ha hecho que surjan y se concreten nuevas demandas en el terreno de los derechos y la salud sexual y reproductiva". Por lo tanto, concluye, la IVE debe ser analizada a la luz del derecho de las mujeres a disfrutar en libertad de la sexualidad y a decidir sobre la maternidad.

El aborto no es un derecho

La votación particular del PP, por el contrario, rechaza que el aborto pueda ser considerado "un derecho" y denuncia el empleo de eufemismos tales como "derecho a decidir sobre la maternidad" o "la salud sexual reproductiva", por parte de la Subcomisión, para disfrazar la mención expresa del aborto.

Citan, entre otros referentes, a la Conferencia Internacional de El Cairo de 1994, sobre Población y Desarrollo – revalidada posteriormente por la de Pekín – donde se declara que "el aborto no debe ser considerado un método de planificación familiar".

También invocan la doctrina del Tribunal Constitucional que – aseguran – es incompatible con una Ley de Plazos, ya que la sentencia STC 53/85 obliga expresamente al Estado a "abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma".

Propuestas divergentes

Tanto el informe de la Subcomisión como la Votación Particular del PP concluyen sus argumentaciones con una serie de propuestas concretas, que giran en torno a la adopción o el rechazo de una Ley de Plazos, respectivamente, pero que no se quedan sólo ahí, sino que proponen medidas complementarias que garanticen sus efectos, en uno u otro sentido.

Así, mientras que la Subcomisión propone la derogación del delito de aborto del Código Penal y de la excepción de la Ley 41/2002 – que obliga a las menores a obtener el consentimiento paterno-, o la garantía de la prestación sanitaria de calidad para la IVE, el PP por su parte exige la garantía pública contra el fraude a la ley en vigor, una protocolización exigente del consentimiento informado, la protección de los derechos de los profesionales que invocan la objeción de conciencia, o la puesta en marcha de un Plan Nacional de Apoyo a la Maternidad, entre otras medidas.

Preocupación en FEREDE

Desde FEREDE se sigue con interés y preocupación la evolución de los acontecimientos y se está examinando detenidamente el contenido del documento con las conclusiones, aprobado por el Congreso de los Diputados.

El aborto es un tema que despierta especiales sensibilidades dentro de la sociedad en general, y de modo particular entre nuestras comunidades eclesiales, que no responden a una jerarquía única, sino que son autónomas en su gobierno e independientes en sus opiniones. Por lo tanto, desde FEREDE no se hará una valoración de carácter oficial sobre el informe en cuestión, sin haber estudiado primeramente el documento a fondo, y consultado a las iglesias que representa. Consulta que podría realizarse, muy posiblemente, en la próxima reunión de la Comisión Plenaria, convocada para el próximo mes de marzo.

Noticias FEREDE ha preparado para sus lectores una Comparativa de las conclusiones de la Subcomisión y de la Votación Particular del PP, en la que se resumen los principales argumentos en uno y otro sentido, a fin de facilitar su análisis.

Los documentos completos pueden descargarse en los siguientes enlaces: