(Redacción, 30/03/2026) | El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Defensor del Pueblo y la Iglesia católica han firmado un protocolo que activa un sistema de reconocimiento y reparación para víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial cuyos casos han prescrito, con el objetivo de dar respuesta a quienes no han recurrido hasta ahora a los canales internos de la Iglesia.
El acuerdo, firmado hoy en Madrid, desarrolla el marco establecido previamente entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), y entrará en vigor el próximo 15 de abril. Está dirigido a víctimas que no pueden acudir a la vía judicial, ya sea por la prescripción de los delitos o por la ausencia del presunto agresor, y se plantea como un mecanismo complementario a los ya existentes.
Hasta ahora, la Iglesia católica había trabajado a través del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA), operativo desde 2025, que ha recibido más de 130 solicitudes. Con este nuevo protocolo, se abre una vía adicional que permite canalizar los casos a través de instituciones públicas, algo especialmente relevante para quienes no desean mantener contacto directo con instancias eclesiales o buscan un reconocimiento en el ámbito civil.
El sistema se articula mediante una estructura coordinada entre las tres partes firmantes. El Ministerio de la Presidencia creará una Unidad de Tramitación encargada de recibir las solicitudes, orientar a las víctimas en el proceso y gestionar la comunicación entre las partes implicadas. Esta unidad también se ocupará de recopilar la documentación necesaria y trasladar los expedientes para su evaluación.
Por su parte, el Defensor del Pueblo pondrá en marcha una Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo (UVDP), formada por profesionales independientes, que analizará cada caso de manera individual. Este equipo será responsable de determinar el reconocimiento de la condición de víctima y de proponer las medidas de reparación, teniendo en cuenta también si la persona ya ha recibido algún tipo de compensación previa, ya sea a través del PRIVA o de otras iniciativas impulsadas por diócesis o congregaciones.
La Iglesia católica, a través de la comisión asesora del PRIVA, participará emitiendo informes motivados sobre cada expediente. En situaciones de desacuerdo entre las partes, se prevé la intervención de una Comisión Mixta que estudiará el caso, aunque la resolución final recaerá en el Defensor del Pueblo tras escuchar a los representantes eclesiales.
El protocolo contempla distintas formas de reparación. Incluye medidas simbólicas y restaurativas, centradas en el reconocimiento institucional del daño, el acompañamiento a las víctimas y reparación moral. A ello se suman compensaciones económicas, que se determinarán en función de la gravedad de los abusos, el impacto causado y las secuelas físicas o psicológicas, así como otros gastos derivados, como tratamientos terapéuticos. La Iglesia católica asumirá el pago de las indemnizaciones.
El Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya había resumido con anterioridad que “la indemnización la fija el Estado y la Iglesia paga” subrayando que “el Estado no abonará un céntimo”.
Uno de los elementos diferenciales del sistema es que no establece baremos cerrados ni cantidades previamente fijadas, sino que valora individualmente cada caso. Este enfoque busca evitar respuestas uniformes y atender a la realidad concreta de cada persona, de forma que el acento esté puesto en el proceso de reconocimiento y reparación más que en criterios exclusivamente económicos.
El modelo también contempla evitar duplicidades, de modo que las compensaciones tengan en cuenta posibles reparaciones anteriores. En paralelo, el Gobierno ha anunciado que trabaja en una iniciativa con rango de ley para que las indemnizaciones queden exentas de tributación, lo que permitiría a las víctimas recibir íntegramente las cantidades reconocidas sin cargas fiscales.
El sistema tendrá carácter temporal, con una duración inicial de un año prorrogable, y se aplicará, tal y como recoge el acuerdo, a “aquellas víctimas en que, a causa de la prescripción del delito o de la defunción del victimario, no se haya podido seguir un proceso penal contra este». Su puesta en marcha responde a una demanda creciente de reconocimiento para situaciones que durante años han quedado fuera del alcance de los procesos judiciales.
