(Redacción, 10/02/2026) | La Audiencia Provincial de Madrid ha hecho pública la sentencia que condena a cuatro años de prisión al ex pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste (IEBSO), Tomás G. M., por un delito continuado de apropiación indebida agravada de más de 516.000 euros procedentes de donaciones de fieles realizadas entre 2016 y 2017. La resolución judicial le obliga, además, a indemnizar a la iglesia por la totalidad del dinero no recuperado, más los intereses legales, y le impone una multa de diez meses y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La sentencia y los hechos probados

Según la sentencia, el entonces pastor y presidente de la IEBSO disponía de forma legítima de la cuenta bancaria de la congregación, pero utilizó esa posición para transferir a sus cuentas personales un total de 516.271,83 euros, sin autorización de los órganos de gobierno de la iglesia ni conocimiento de sus miembros. El tribunal considera acreditado que esos fondos, procedentes de las donaciones de los fieles —entre ellos un importante benefactor, el exfutbolista Jackson Martínez—, fueron destinados a fines personales, como la compra de un vehículo, la cancelación parcial de la hipoteca de su vivienda y la adquisición de un inmueble a nombre de su hijo.

Las operaciones se realizaron de forma reiterada entre 2016 y 2017, con movimientos que iban desde pequeñas compras hasta transferencias de gran cuantía, sin que tales desvíos aparecieran reflejados en los informes económicos que se presentaban a la congregación. La Audiencia rechaza la tesis defensiva de que las donaciones se entregaron para libre disposición del pastor o que los bienes adquiridos estuvieran afectos a fines de la iglesia, al no existir prueba documental que lo sustente.

Informaciones inexactas o incompletas en los medios

El pasado mes de diciembre, distintos medios españoles informaron sobre la celebración del juicio y el recorrido judicial de este caso, haciendo referencia a la magnitud del supuesto desfalco y a la petición de penas por parte de la Fiscalía. Sin embargo, en esas informaciones se incurrió en algunos datos inexactos y, sobre todo, se obviaron las medidas adoptadas por la propia Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste, principal parte afectada por los hechos.

En un comunicado oficial difundido el 19 de diciembre de 2025, la IEBSO recordaba que fue la propia iglesia quien puso en conocimiento de la Justicia la situación en cuanto tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades de su antiguo pastor. El documento subraya que el pastor fue cesado “de manera inmediata”, con el apoyo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y del Consejo Evangélico de Madrid, y que la iglesia ha rechazado y condenado siempre cualquier conducta delictiva.

El mismo comunicado señala que los hechos objeto del procedimiento se remontan a años atrás y que, en la actualidad, la IEBSO cuenta con un nuevo pastor y una nueva junta directiva, y desarrolla su labor pastoral y comunitaria “con total transparencia, bajo las normativas legales y los principios protestantes y evangélicos de integridad”. Estos extremos, relevantes para entender el posicionamiento de la congregación frente a los delitos, no fueron reflejados por los medios que dieron cobertura al juicio.

La versión del acusado y la pieza publicada por EL PAÍS

Entre las piezas periodísticas sobre el caso destacó el reportaje publicado por EL PAÍS el 16 de diciembre de 2025, firmado por la periodista Patricia Ortega Dolz y titulado “Un juicio rápido para destripar las finanzas de un pastor evangélico”. En ese texto se recogen extensamente las declaraciones del acusado, quien, en su defensa, intenta presentar su gestión como transparente y conocida por la congregación, y atribuye parte de sus decisiones patrimoniales a supuestas indicaciones externas.

En concreto, el ex pastor sostiene que, tras consultar con la asesora jurídica de FEREDE, se le habría recomendado poner a su nombre —y al de su hijo— los inmuebles adquiridos con fondos de la iglesia, alegando que era “mejor y más sencillo” que quedaran así registrados. El reportaje reproduce esta versión sin contrastarla con FEREDE, lo que puede llevar al lector a suponer que la Federación avaló ese esquema de titularidad privada de bienes adquiridos con fondos eclesiales.

Desde la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España consideran que esa falta de contraste informativo ha dado carta de verosimilitud a una afirmación que califican de falsa y lesiva para su honorabilidad institucional. En una carta dirigida al director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens, FEREDE subraya que tales manifestaciones “solo pueden entenderse en boca de personas que se enfrentan a graves acusaciones por presuntos delitos y abusos cometidos en el ejercicio de su responsabilidad eclesial”.

La respuesta de FEREDE y la ausencia de rectificación

En esa misiva, enviada tanto al director como a la redacción del periódico, FEREDE lamenta la desinformación generada por la reproducción sin contraste de las palabras del acusado y solicita que, al pie del artículo de Ortega Dolz, se incorpore una aclaración o fe de erratas. El texto propuesto por la Federación indica expresamente que las afirmaciones atribuidas al pastor sobre la supuesta recomendación de poner los bienes de la iglesia a su nombre “son falsas y contrarias a la política de transparencia financiera de esta Federación, conocida por todas nuestras iglesias miembro”.

Hasta la fecha, FEREDE no ha recibido respuesta de EL PAÍS ni ha visto atendida su petición de aclaración o rectificación en el artículo digital. La Federación considera que este silencio agrava el daño reputacional causado y contraviene los estándares de rigor y contraste exigibles en el tratamiento informativo de procesos judiciales de relevancia pública.

FEREDE: transparencia, buen gobierno y autonomía de las iglesias

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España destaca que se trata de una entidad de carácter representativo que opera con estrictas normas de control y transparencia en todas sus gestiones, tanto internas como frente a la Administración y a terceros. Aunque sus iglesias miembro mantienen plena autonomía en su forma de gobierno y en la gestión de sus recursos, todas conocen las recomendaciones de la Federación en materia de transparencia financiera, buen gobierno y rendición de cuentas.

Estas pautas se recogen en documentos de referencia y se refuerzan mediante seminarios de formación impartidos periódicamente, en los que se abordan, entre otros asuntos, la correcta titularidad de los bienes, los mecanismos de control interno y las obligaciones legales en materia contable y fiscal.

Desde FEREDE se subraya que el presente caso pone de manifiesto la importancia de aplicar y reforzar dichas normas, así como la necesidad de que los medios reflejen no solo los hechos delictivos sino que contrasten la información e informen también de las medidas de corrección y transparencia adoptadas por las propias comunidades afectadas.

Fuente: FEREDE / Redacción: Actualidad Evangélica