Convenio para una educación plural
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, liderada por la consejera María del Carmen Castillo Mena, ha suscrito este acuerdo que garantiza la oferta de formación religiosa evangélica en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros sostenidos con fondos públicos. Como principal novedad, se incorporan dos asesores de religión evangélica en los Centros de Formación del Profesorado —uno en la zona oriental y otro en la occidental—, con el fin de impulsar la formación permanente del profesorado y promover buenas prácticas pedagógicas. El convenio se enmarca en los Acuerdos de Cooperación de 1992 entre el Estado español y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), que regulan la presencia de la Enseñanza Religiosa Evangélica en el sistema educativo público, asegurando el derecho de los padres a que sus hijos reciban esta formación conforme a sus convicciones.
Valoraciones positivas de ambas partes
Desde la Junta, se destaca este paso como un avance en la coordinación y el desarrollo de recursos educativos que elevan la calidad de la enseñanza religiosa evangélica, adaptándola a las necesidades del alumnado y el profesorado. Por su parte, el presidente del CEAA, José Manuel Marín, celebra el convenio como un impulso decisivo para la formación docente y la creación de materiales didácticos, reafirmando el compromiso por “una educación plural, inclusiva y respetuosa con la diversidad de creencias”. El acto de firma contó con la presencia del viceconsejero Pablo Quesada Ruiz y del asesor Héctor Danilo Torres, del Centro del Profesorado de Málaga, subrayando la colaboración institucional en este ámbito.
Fortalecimiento de la oferta religiosa evangélica
Este acuerdo representa un hito en la consolidación de la Enseñanza Religiosa Evangélica en Andalucía, alineándose con el marco legal nacional de 1992 que reconoce la confesionalidad evangélica en la escuela pública. Ambas entidades coinciden en que la iniciativa no solo amplía la formación del profesorado, sino que responde al ejercicio efectivo del derecho de miles de familias evangélicas, fomentando un modelo educativo que integra la diversidad religiosa sin menoscabo de la calidad académica.
