Mercedes Gallizo

El servicio de Asistencia Religiosa en Prisiones que realizan las iglesias evangélicas pertenecientes a FEREDE, no ha dejado de crecer desde su puesta en marcha, tanto en número de Ministros y auxiliares acreditados (193, en 33 centros), como de internos que solicitan esta prestación. La reunión, solicitada por FEREDE, tenía como fin explicar las razones de ese notable crecimiento que la Administración valora de forma positiva, pero a la vez preocupante.

(MADRID, 07/07/2010) | El pasado lunes 5 de julio, la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, recibió en su despacho del Ministerio del Interior al secretario ejecutivo de FEREDE Mariano Blázquez y al Consejero de Asistencia Religiosa de esta federación (ARE), Julio García Celorio. Acompañaba a Gallizo el Director General de Coordinación General y Medio Abierto, Virgilio Valero García.

La reunión había sido solicitada por FEREDE para informar sobre el Servicio de Asistencia Religiosa que las iglesias evangélicas vienen realizando en los centros penitenciarios de España y aclarar algunas cuestiones sobre las que Instituciones Penitenciarias había preguntado por carta a FEREDE, el pasado mes de Marzo, mostrando cierto grado de preocupación por la forma en que se estaba desarrollando dicho servicio, especialmente por entender que se estaban acreditando un número desproporcionado de Ministros de Culto destinados al mismo.

"Desde la aparición del Real Decreto 710/2006 de 9 de junio, de desarrollo de los Acuerdos de Cooperación firmados por el Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España en el ámbito de la asistencia religiosa penitenciaria, el número de ministros de culto evangélicos que ejercen sus funciones en los centros penitenciarios no ha cesado de crecer. Hasta el punto que hoy en día, con 193 representantes evangélicos autorizados en 33 centros penitenciarios, tanto en términos absolutos como en la prestación por número de internos solicitantes de asistencia…", reconocía la Administración en dicha carta, augurando un crecimiento aún mayor: "La progresiva incorporación de esta asistencia religiosa evangélica en aquellos centros que todavía no se presta, hará que esta cifra alcance cotas todavía más altas".

Desde el punto de vista de Instituciones Penitenciarias, esta realidad tenía dos lecturas, una positiva y otra bastante preocupante: "Esta situación que habla de la buena marcha del desarrollo de los citados Acuerdos, constituye sin embargo un motivo de honda preocupación para nosotros (…), razones de organización, seguridad, y unas estructuras físicas muy limitadas, hacen inviable esta proliferación de iglesias evangélicas en los centros penitenciarias", concluían.

Por tal motivo, pedían a FEREDE que hiciera "una reflexión y moderación en la solicitud de autorizaciones", porque no consideraban que la forma más idónea de abordar el problema fuera "una brusca limitación en la concesión de acreditaciones", por parte de la Administración.

La reunión sirvió para aclarar algunos malentendidos que surgían, en alguna medida, de comparar el servicio que prestan las iglesias evangélicas, con el referente tradicional del capellán católico, cuya dinámica es muy diferente.

Los representantes de FEREDE pudieron explicar que, pese a que pudiera darse la impresión de que hay "muchas iglesias" realizando diferentes cultos en los centros penitenciarios, lo cierto es que se trata de un trabajo coordinado y unificado que realizan Ministros de Culto nombrados por diferentes iglesias, pero que el servicio que se ofrece es "uno"; que normalmente hay uno o dos ministros, acompañados de "auxiliares", y que es necesario el trabajo en equipo por varios motivos. Entre otros, cabe mencionar que con frecuencia son las propias autoridades de los centros penitenciarios las que piden que la asistencia se realice en diferentes módulos, en vez de celebrar un único servicio para todo el centro. Otras veces, la necesidad proviene de tener que prestar asistencia religiosa a internos que no hablan español (suelen ser las autroridades consulares las que solicitan este servicio para sus conciudadanos en prisión).

A estos requerimientos las iglesias evangélicas no tienen otra forma de responder que, mediante la acreditación de un mayor número de ministros y auxiliares ya que, a diferencia de lo que sucede con el capellán católico, el ministro de culto evangélico no es profesional – es decir, hace su labor de forma voluntaria – y no puede ofrecer dedicación plena a tal servicio.

Delimitación de prestaciones

Otro aspecto que se quiere mejorar tiene que ver con la delimitación de los servicios que las iglesias y otras organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas, realizan en los centros penitenciarios, lo que a veces produce situaciones confusas. Deben tomarse medidas para que quede claramente delimitado y diferenciado el servicio de asistencia religiosa – amparado por la Ley de Libertad Religiosa y los Acuerdos de Cooperación con el Estado – de otros servicios, sociales y culturales, que prestan ONG evangélicas, que son aprobados y supervisados por la Dirección de Tratamiento de cada Centro Penitenciario.

Propuesta de Convenio, formación y cooperación

La reunión fue muy positiva y esclarecedora, y concluyó con el compromiso, por parte de FEREDE, de elaborar un informe en el que se explique, de forma pormenorizada, el funcionamiento del servicio que prestan actualmente las iglesias en los centros penitenciarios. También se comprometió FEREDE a presentar una propuesta para la firma de un Convenio en el que se concreten y regulen los distintos aspectos que hacen a la singularidad de esta prestación, y que desarrolle lo previsto en el RD 710/2006.

Por su parte, la secretaria general Mercedes Gallizo se mostró dispuesta a colaborar en los cursos de formación para los Ministros de Culto que acreditarán para el servicio de asistencia religiosa en prisiones – que era otro de los temas que FEREDE llevaba en su agenda para esta reunión – y también ofreció, a tal efecto, las instalaciones, materiales y personal docente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.