Esta decisión surge cuando el máximo tribunal de este país le recordó a un juez del suroeste colombiano (y por extensión a todos los demás jueces), su obligación de mantenerse al margen de sus creencias religiosas en el momento de actuar en sus funciones.

El alto tribunal apela a la Constitución donde se establece claramente que Colombia es un país completamente laico, razón por la cual se debe respetar a todas las personas que profesen otros credos o no profesen ninguno.

En el pronunciamiento de la Corte se señala que «Los jueces deben administrar justicia con base única y exclusivamente en el Derecho, pues es esa actitud la que hace que en un Estado impere la ley y no los pareceres de las autoridades públicas, es decir, lo que define que en un Estado gobierne el derecho y no los hombres».