(EDITORIAL, 08/06/2026) | La presencia del papa León XIV esta mañana en el Congreso de los Diputados obliga a una doble lectura que no admite ambigüedades. Por un lado, el respeto inequívoco a su figura como líder espiritual de millones de católicos es incuestionable, como también lo es la relevancia moral de los ejes principales de su discurso, centrados en la dignidad humana, la defensa de la vida, la familia y la responsabilidad ética de la política. Bien es cierto que, ese mismo discurso, por momentos sólido, volvió a esquivar una autocrítica necesaria sobre las sombras históricas y recientes de la Iglesia católica, una omisión ya demasiado habitual como para pasar inadvertida.
Pero el verdadero problema no estuvo en lo que se dijo, sino en dónde y desde qué posición se dijo. El Congreso de los Diputados no es un auditorio más: es la sede de la soberanía nacional en un Estado que se define como aconfesional. Convertir ese espacio en tribuna para un jefe de Estado, de un estado teocrático —y pastor de una institución religiosa de estructura jerárquica, no democrática— resulta algo mucho más serio que un simple devaneo protocolario. Es, en la práctica, una escenificación de jerarquía simbólica que desdibuja las fronteras entre lo religioso y lo político y sitúa al pontífice en una posición de autoridad ético-política sobre los representantes de una ciudadanía plural en sus preferencias religiosas que, sencillamente, no le corresponde.
Aún más preocupante es la actitud de la clase política. Lo que debería haber sido un ejercicio de cortesía institucional derivó en una puesta en escena de deferencia excesiva, cuando no de franca sumisión. Siete minutos de aplausos parece a todas luces una sobreactuación desmedida. Resulta particularmente llamativo que incluso quienes hacen bandera del laicismo más radical acudieran disciplinadamente a escuchar, y en cierto modo a avalar, una intervención con tintes de admonición moral. La imagen de representantes públicos asistiendo dócilmente a una suerte de «homilía cívica» revela hasta qué punto persisten en este país inercias difíciles de justificar en una democracia madura.
En definitiva, el discurso pudo ser oportuno en muchos de sus contenidos, pero fue inapropiado en su contexto y en su escenificación. Lo ocurrido hoy no fortalece la calidad democrática, sino que pone en evidencia las servidumbres, los temores, la desorientación y las contradicciones de quienes deberían salvaguardar con mayor celo la neutralidad religiosa del Estado. Y confirma, una vez más, que la aconfesionalidad en España sigue siendo, en demasiadas ocasiones, más declarativa que real, tal como vienen denunciando desde hace años la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y buena parte de la comunidad protestante y evangélica.
Actualidad Evangélica, 08/06/2026
