(Redacción, 17/07/2026) | Un estudio elaborado por Diaconía a través de su proyecto Punto Migrante revela que 9 de cada 10 personas migrantes en España se ha sentido perdida al intentar realizar un trámite ante la administración pública. El informe «Hacer un trámite, vivir una barrera: experiencias migrantes ante la administración pública en España», presentado esta semana, documenta un sistema administrativo que, para la mayoría de personas extranjeras, funciona como un laberinto de obstáculos acumulados.
El dato más significativo del estudio es que el 93,2% de las personas participantes declara haber experimentado diferencias culturales o institucionales al intentar gestionar sus papeles. A esta barrera le siguen los problemas para obtener cita previa (73,9%), las dificultades con el lenguaje administrativo (71,6%) y las experiencias de trato desigual o discriminatorio (58%).
La cita previa, primer obstáculo
La investigación, realizada entre febrero y mayo de 2026 con 88 cuestionarios, 10 entrevistas y 3 grupos focales en Madrid y Lugo, identifica la cita previa como el principal punto de bloqueo del sistema. Casi tres de cada cuatro personas migrantes han tenido problemas para conseguirla. Los testimonios del informe describen plataformas digitales poco intuitivas y señalan que la obligatoriedad de los trámites electrónicos bloquea a quienes carecen de ordenador, conexión estable, destrezas tecnológicas o certificado digital.
La brecha se agrava en los colectivos más vulnerables. Entre las personas solicitantes de asilo y quienes perciben el Ingreso Mínimo Vital, ninguna completó trámites digitales de forma autónoma. El 66,7% de quienes llevan menos de seis meses en España necesita apoyo frecuente para completar cualquier gestión.
«Estos datos confirman algo que vemos todos los días en nuestro acompañamiento: el proceso exige una alfabetización digital de la que muchas personas en estas situaciones carecen. El resultado es que ejercer un derecho depende, en la práctica, de tener a alguien al lado que te guíe», explica Cristina D’Avolio Antón, coordinadora de Sensibilización del Área de Migraciones de Diaconía.
Trampas circulares y desconfianza
Solo el 23,9% de las personas encuestadas sabe con certeza dónde buscar información oficial sobre un trámite, y la mitad califica esa información como difícil o muy difícil de comprender. Ante ese vacío, muchas personas migrantes recurren a ONG, familiares, redes sociales o inteligencia artificial, con los riesgos de desinformación que ello conlleva.
El informe documenta también «trampas circulares» en el sistema. En algunos ayuntamientos, empadronarse requiere haber solicitado asilo previamente, pero sin empadronamiento no es posible iniciar esa misma solicitud de protección internacional. A ello se suma que el 58% de las personas encuestadas percibió un trato desigual o discriminatorio, un factor que reduce la confianza institucional y la disposición a completar los procesos.
Solo 8 de cada 100 gestionan sus trámites solos
El impacto de estas barreras no se limita al entorno digital. En términos de autonomía administrativa general, apenas el 8% de las personas migrantes encuestadas puede gestionar sus trámites de forma completamente independiente, y el 53,6% ha necesitado el apoyo de una organización o colectivo. El personal de las ONG es la fuente de ayuda más mencionada, muy por encima de la propia administración.
Desde Punto Migrante, Diaconía ha trasladado a las administraciones públicas un conjunto de recomendaciones entre las que destacan garantizar canales presenciales, telefónicos y digitales de forma complementaria; aplicar criterios de lenguaje claro; reforzar la asistencia en sedes electrónicas y sistemas de identificación digital; y formar al personal en trato digno e igualitario.
El proyecto reconoce como un avance la reciente sentencia del Tribunal Supremo donde se anula la obligación general de usar medios electrónicos. El informe señala que quedan muchos más ajustes por hacer para que la administración sea verdaderamente accesible para toda la población.
