(Redacción, 15/07/2026) | El Observatorio de Libertad Religiosa en África (ORFA) ha publicado el estudio más extenso realizado hasta la fecha sobre la violencia en Nigeria. El informe, titulado «Killings and Abductions in Nigeria (2020-2025)», analiza seis años de datos recopilados entre octubre de 2019 y septiembre de 2025, y documenta 79.323 personas asesinadas y 34.773 civiles secuestrados en ataques vinculados a grupos que ORFA clasifica como terroristas. El estudio se publica en un momento en que Nigeria acapara una atención creciente en el ámbito institucional. La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó por 510 votos a favor y 1 en contra una resolución de urgencia que condena la persecución de cristianos en el país, como informó Actualidad Evangélica.

La conclusión principal del estudio es que la imagen internacional de la violencia en Nigeria es incorrecta. Boko Haram e ISWAP, los grupos que acaparan la atención mundial, fueron responsables del 12% de los civiles asesinados. Las milicias que ORFA clasifica como «Grupos Terroristas Fulani» causaron el 44%, casi cuatro veces más. Un tercer grupo, al que denominan «Grupos Terroristas No Identificados» y que según los investigadores comparte en buena medida patrones con las milicias Fulani, fue responsable de otro 32%. ORFA subraya que estos datos se refieren exclusivamente a grupos armados, no a la comunidad Fulani en su conjunto, «la gran mayoría de la cual no participa en la violencia».

Lo que distingue esta violencia de un conflicto genérico por recursos es el patrón de selección de víctimas. De los 42.033 civiles asesinados, 22.835 eran cristianos y 10.519 musulmanes. Eso cifra una ratio de 2,2 cristianos por cada musulmán. Cuando se ajusta a la proporción de población en los estados afectados, la ratio sube a 4,4. Pero ORFA va más allá de las cifras. El informe concluye que «los civiles cristianos fueron asesinados o secuestrados por ser cristianos, mientras que los civiles musulmanes fueron asesinados o secuestrados por no ser Fulani». Ese hallazgo explica por qué la violencia no afecta a todos por igual ni responde únicamente a competencia económica. El criterio que diferencia a las víctimas es la identidad religiosa y étnica, no la posición económica o geográfica.

Un sistema de dos niveles para los secuestrados

La investigación de campo sobre secuestros refuerza esa conclusión. Entre octubre de 2019 y septiembre de 2025, fueron secuestrados 15.932 civiles cristianos y 15.272 musulmanes, una proporción prácticamente igual en números absolutos. Sin embargo, el estudio documenta un trato drásticamente distinto en función de la fe. Según Steven Kefas, analista principal de ORFA, los cautivos cristianos enfrentan cautiverios más largos, mayor probabilidad de ejecución y, en el caso de las mujeres, violencia sexual, conversión forzada y matrimonio forzoso.

Los cautivos musulmanes reciben un trato comparativamente más leve, con liberaciones más rápidas y mejor trato en cautiverio. Kefas describe ese sistema como «una jerarquía religiosa del valor humano». Si la violencia respondiera simplemente a competencia por tierras o recursos, todos los cautivos deberían ser tratados de forma similar. Que los cristianos sufran un trato sistemáticamente peor prueba que la religión es el factor determinante, no la economía.

ORFA desmonta el argumento de que los ataques responden únicamente a disputas por recursos o a la presión del cambio climático. El informe reconoce esas presiones, pero demuestra que no explican la selectividad de los ataques. Los picos de violencia coinciden con abril y junio, en plena temporada agrícola, cuando las comunidades rurales están más expuestas. No obstante, no lo hacen aleatoriamente sino que atacan a poblaciones específicas (cristianas y no-Fulani), las desplazan de sus tierras y ocupan esos territorios después.

El motivo es territorial, pero deciden a quién se lo quitan por motivos de creencias religiosas. ORFA concluye que «insistir en una narrativa única y simplificada, negando cualquier componente religioso, produce respuestas incompletas que no abordan todas las causas». La violencia tiene dimensión económica, pero su estructura es étnico-religiosa.

El observatorio insta a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales a incorporar la dimensión religiosa en sus respuestas a la crisis de seguridad en Nigeria. Entre sus recomendaciones, pide que se ponga fin a la impunidad de los perpetradores, se refuerce la seguridad comunitaria en las zonas rurales, se protejan los derechos de las minorías religiosas y se deje de reducir la violencia a un relato genérico que niega cualquier componente confesional.

Los investigadores concluyen que «el compromiso con este informe es crucial para diseñar políticas informadas y eficaces que marquen una diferencia real en la vida de los afectados por la violencia». El informe completo, con todos los datos y mapas, está disponible en a web de ORFA.