(Redacción, 15/07/2026) | El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha condenado el desalojo de los 27 miembros de las comunidades cristiana armenia y asiria que residían en el complejo de la Iglesia Evangélica de San Pedro de Teherán y ha exigido a las autoridades iraníes la restitución del recinto. La denuncia fue formulada por Mai Sato, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán, y Nazila Ghanea, relatora especial sobre la libertad de religión o creencias.

Desde que Actualidad Evangélica informara el pasado lunes de la orden de desalojo, el proceso se ha consumado. Las 20 familias afectadas, en su mayoría residentes de bajos ingresos con larga trayectoria en el complejo, abandonaron sus viviendas tras recibir apenas dos semanas de plazo. Los líderes de la iglesia recibieron amenazas de arresto si no acataban la orden. El recinto, de unas cuatro hectáreas en el centro de Teherán, albergaba el edificio de culto, dos escuelas, viviendas, oficinas de la Sociedad Bíblica y la sede del Consejo de Iglesias Evangélicas de Irán, propietario del terreno. La ONU advierte de que existe el temor de que el complejo pueda ser demolido.

«No se trata de un incidente aislado, sino de la culminación de un largo patrón de medidas dirigidas contra la comunidad cristiana iraní, y en particular contra el culto cristiano de habla persa», señalaron Sato y Ghanea. En este contexto, citaron el cierre de la iglesia presbiteriana asiria de Tabriz en 2019 y la demolición de una iglesia presbiteriana en Mashhad el pasado mes de junio.

En el comunicado, la ONU alertó de que al menos 79 cristianos se encuentran actualmente detenidos o encarcelados en Irán, la gran mayoría conversos, algunos de los cuales habrían sido obligados a confesar bajo tortura. Entre los casos documentados figura el de Mohammad Nikbakht, converso detenido y golpeado en su domicilio de Golpaygan en marzo de 2026 y recluido en régimen de incomunicación en la prisión de Dastgerd, en Isfahán, sin que su familia haya recibido información sobre su situación legal ni acceso a un abogado.

La ONU instó a las autoridades iraníes a permitir el regreso de los residentes y la congregación, a cesar toda intimidación contra la comunidad eclesiástica y a liberar a quienes se encuentran detenidos de forma arbitraria. Los pronunciamientos de los Procedimientos Especiales, aunque no son jurídicamente vinculantes, constituyen el mecanismo de supervisión independiente más alto del sistema de derechos humanos de la ONU y obligan al Gobierno de la República Islámica de Irán a dar una respuesta formal en un plazo de dos meses. Las relatoras indicaron que ya están en contacto con el Gobierno para aclarar estas cuestiones.

Actualidad Evangélica informó en detalle sobre la confiscación del complejo de San Pedro y su contexto histórico. Puedes consultar la información completa aquí