(Redacción, 17/04/2026) | La libertad religiosa pierde terreno en numerosos países. Así lo recoge el informe más reciente del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE), que traza un mapa de 2025 marcado por la violencia, el control territorial y las limitaciones al ejercicio de la fe. El documento sitúa este derecho en el núcleo de las libertades fundamentales y advierte de su vínculo directo con la salud democrática.

El peso del crimen organizado

El avance del crimen organizado aparece como uno de los factores más determinantes. En Colombia, el control de grupos armados en distintas zonas del país ha cambiado la dinámica de las comunidades religiosas. Las iglesias dejan de ser espacios de protección y pasan a formar parte del escenario de riesgo. Amenazas, homicidios, desplazamientos forzados y cierre de templos se repiten en áreas bajo dominio ilegal.

México refleja una evolución similar. El informe reúne casos de asesinatos, desapariciones, secuestros y extorsiones que afectan tanto a líderes religiosos como a fieles. A ello se suman ataques a espacios de culto, un dato que refuerza la idea de que estos lugares han perdido su condición de refugio frente a la violencia.

Escenarios de mayor gravedad

Haití se sitúa entre los contextos más críticos. El control de bandas armadas se traduce en secuestros, asesinatos, desplazamientos forzados e intimidación contra comunidades religiosas. La actividad eclesial se reduce o se suspende, mientras crece el desplazamiento de población y se multiplican los cierres de iglesias.

En Venezuela, la presión adopta un perfil distinto, aunque con efectos similares. El informe recoge amenazas, detenciones, interrogatorios, incendios y extorsión contra líderes religiosos, sobre todo cuando desarrollan labores sociales o realizan denuncias públicas. Estas situaciones limitan su actuación y condicionan su presencia en la vida pública.

Restricciones desde el poder político

El documento también apunta a medidas impulsadas desde el ámbito estatal. En Cuba, Nicaragua y Venezuela se consolidan prácticas de control sobre las comunidades religiosas. La vigilancia, las detenciones arbitrarias y la cancelación de actividades forman parte de un patrón que afecta especialmente a quienes mantienen posiciones críticas.

Nicaragua destaca por la intensidad de estas acciones. El informe describe arrestos, expulsiones y confiscación de bienes dirigidos contra la Iglesia católica. En Cuba, se repiten las sanciones económicas, la suspensión de actos religiosos y los episodios de hostigamiento.

Un clima de mayor intolerancia

Junto a la violencia y las restricciones institucionales, el informe identifica un aumento de la hostilidad social. Se registran actos de vandalismo contra templos y una presión sostenida sobre las convicciones religiosas en distintos ámbitos, incluido el laboral.

En comunidades indígenas, la conversión al cristianismo sigue generando tensiones internas. El documento recoge casos de expulsión, violencia física y pérdida de derechos comunitarios, lo que añade un nivel adicional de complejidad al ejercicio de la fe.

Un indicador del estado democrático

Para OLIRE, la evolución de la libertad religiosa ofrece una clave de lectura más amplia. Su deterioro no se limita al ámbito espiritual. Funciona como un indicador del estado de las libertades civiles en general.

Cuando la actividad religiosa se ve limitada, ya sea por actores criminales o por decisiones estatales, también se reduce el espacio para la libre expresión y la organización social. En ese contexto, concluye el informe, la región entra en una fase de mayor vulnerabilidad en términos democráticos. El informe completo está disponible en la web de OLIRE.