El comunicado, firmado por Jaume Llenas y Amable Morales, secretario general y presidente de la AEE, respectivamente, consta de 6 puntos en los que se ponen en cuestión los supuestos ‘beneficios’ que se argumentan a favor de dicho proyecto (creación de puestos de trabajo; desarrollo económico; etc.), a la vez que se señalan las ‘consecuencias negativas’ que el mismo generará.
Entre esas consecuencias negativas se mencionan, entre otras: las derivadas de un modelo de desarrollo urbanístico cortoplacista; eventuales cargas económicas para el erario público en materia de seguridad y salud; degradación del entorno y del medioambiente; degradación moral de la población; degradación jurídica por imposición de las multinacionales; etc.
“Hay líneas rojas que no queremos atravesar”, advierten al reflexionar sobre el riesgo de perder valores que “dan vertebración a la sociedad y, a medio y largo plazo, su resultado es mucho mejor”.
También subrayan la importancia de que los gobernantes sean los primeros custodios de esos valores sobre los que debe construirse la sociedad, sin renunciar a ellos por pragmatismo ante la presión de la crisis.
“Las situaciones de crisis ponen de manifiesto aquello en lo que estamos fundamentados, sale lo mejor y lo peor del ser humano. Necesitamos personas, y por ende gobernantes, con criterios, que sean creíbles y en los que podamos confiar. Cuando estos se dejan guiar, principalmente, por estas soluciones tan a corto plazo, nos damos cuenta de que un pragmatismo sin principios se está levantando y de que la ética, la verdad, y el bien común, están siendo vendidos a bajo precio”, concluyen.
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