SILBO APACIBLE
Injusticias constitucionales
GUILLEM CORREA, 27/09/2013 | Los protestantes tenemos una larga y triste experiencia sobre las injusticias constitucionales. Siempre hemos sido legalmente ciudadanos de segunda -constitucionalmente hablando-.
Lógicamente las Leyes de Libertad Religiosa, y las normativas que se derivan para su aplicación, han reflejado esta realidad.
Este criterio se aplica incluso en el presente marco democrático.
La Ley de Libertad Religiosa actualmente vigente no regula los Derechos Colectivos de las Minorías Religiosas -que es su principal razón de ser-. La Ley, que fue aprobada por unanimidad por el Parlamento Español, consiente que haya diferencias y desigualdades entre la confesión mayoritaria y el resto de confesiones religiosas. Más aún: entre la sociedad civil organizada y las confesiones religiosas minoritarias.
La conclusión a la que nos lleva este hecho es que el actual marco democrático no da respuesta a las demandas de justicia y de igualdad de las minorías religiosas.
Seguramente por esta razón el actual Presidente de la Federación Protestante, la FEREDE, a los pocos días de tomar posesión de su cargo ya pidió públicamente la reforma de la actual constitución.
Naturalmente que en los casi cuarenta años de democracia se han producido avances en materia de libertad religiosa. Lo que hay que aclarar es que estos avances se han producido más por la bondad de determinadas personas, que han tenido responsabilidades en la materia, que por una voluntad política de hacer justicia a las minorías religiosas.
¿Es la actual constitución la herramienta que ha de resolver el desencaje de las minorías religiosas? La única respuesta posible que podemos aportar es el hecho de que hasta ahora de poco nos ha servido.
Que un principio sea constitucional no quiere decir que sea justo. Seguramente será legal pero una legalidad que ampara una injusticia difícilmente perdura en el tiempo sin que genere rechazo.
Y eso es lo que está pasando con esta constitución.
Si la constitución, o su aplicación, no conlleva la justicia colectiva que se le demanda, o hay que cambiarla o hay que cambiar el criterio de aplicación.
Lo que podemos constatar es que algo se ha hecho mal hasta ahora.
Y los protestantes no queremos esperar otros 40 años para dejar de ser ciudadanos de segunda.
Autor: Guillem Correa
© 2013. Este artículo puede reproducirse siempre que se haga de forma gratuita y citando expresamente al autor y a ACTUALIDAD EVANGÉLICA como fuente.
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