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CAMBIOS EN LA LEY DE CENTROS DE CULTO | La reforma también afecta a las iglesias protestantes

Construir mezquitas tendrá más trabas

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Miembros de la comunidad islámica de Lleida, durante el último Ramadán

GIRO POLÍTICO | Desmontando al Tripartito

(LA VANGUARDIA / FELIP VIVANCO / Barcelona, 14/09/2011) El Govern de la Generalitat tomó ayer una decisión que marcará la política urbanística de los municipios catalanes desde ahora y has­ta la próxima década y marcará un antes y un después a la hora de permitir permisos para cons­truir centros religiosos. El Ejecu­tivo de Artur Mas ha acordado modificar la ley de Culto del 2009 y que ahora será más estric­ta con la concesión de permisos para iglesias, oratorios o proyec­tos de mezquitas como los de Lleida o Torroella de Montgrí.

Los retoques sobre la ley que aprobó el tripartito hace dos años son mínimos, pero tienen un calado vital, porque, tras su aprobación, la Generalitat ya no exigirá a los ayuntamientos que reserven suelo público destinado a este tipo de equipamientos en su plan urbanístico como hasta ahora era obligatorio. No sólo eso, el redactado de la antigua ley también encomendaba a los mu­nicipios que modificaran su ma­pa urbanístico para hacer una re­serva de ese suelo antes del 2019, esto es, diez años después de la promulgación de la ley. Ahora tampoco será necesario, a no ser que en la localidad exista una de­manda razonada de alguna comu­nidad religiosa que haya justifica­do la necesidad de edificar un centro de culto.

La reforma legislativa tiene su origen en la protesta de numero­sos ayuntamientos catalanes por su dificultad para reservar suelo de equipamientos para fines reli­giosos y las dificultades técnicas (y cargas económicas) que supo­nía, más aún si no había ningún proyecto de nueva construcción en el horizonte.

En la base del cambio existe un compromiso oficial del Govern de dar libertad a los munici­pios para que maniobren de acuerdo con cada caso particular y no estén sujetos a una ley dema­siado general. En el fondo, ade­más, el Ejecutivo de Mas se ha desprendido de varios aspectos de la política de asuntos religio­sos del antiguo tripartito, que es­taba dirigida por el entonces vice­presidente Josep Lluis Carod-Rovira, ex líder de ERC, y que tenía una filosofía más regulatoria que el actual Govern.

"La ley vigente desde el 2009 ha funcionado globalmente de for­ma satisfactoria, pero han surgido algunos problemas prácticos", re­conoció ayer Francesc Homs, por­tavoz del Govern, que no aludió a ningún caso específico, aunque los de una futurible mezquita en Lleida o en Salt hayan sonado con fuerza y tengan proyectos arqui­tectónicos ya presentados.

La decisión del Govern, toma­da tras consultar y recibir el aval de la comisión de Governs Lo­cáis, subraya "el absoluto respeto" de la Generalitat por el princi­pio de autonomía de los munici­pios, pero al mismo tiempo con la modificación de la ley les quita un peso de encima a la hora de reelaborar el planeamiento urba­nístico de cada municipio si no es necesario. A la vez les da sarta blanca si quieren hacerlo en caso de que haya una demanda real y justificada para la construcción de iglesias u oratorios.

En ese sentido, la modificación de la ley sí obligará a los munici­pios a estudiar el grado de "im­plantación y enraizamiento" de cada confesión religiosa para así valorar y dar "un trato igualitario y no discriminatorio" a la hora de conceder licencias y en qué con­diciones.

Algunos casos recientes de sobreocupación y posterior precin­to de locales de culto han llevado al Govern a establecer medidas más específicas sobre las condi­ciones técnicas -ruido, salubri­dad, salidas de emergencia- pero también arquitectónicas que de­ben tener este tipo de edificios. La filosofía general apunta, se­gún detalló ayer el Govern, a que las nuevas construcciones "ten­drán que respetar las característi­cas arquitectónicas, culturales, de tradición, históricas y los ele­mentos artísticos".

¿Significa eso que futuros oratorios o mezquitas no podrán in­cluir minaretes? Francesc Homs insinuó que todos los elementos arquitectónicos son posibles siempre que el ayuntamiento en cuestión decida que son compati­bles con el conjunto urbanístico de su entorno.

En los casos de Lleida -con un proyecto de mina­rete de 20 metros de altura- o de Torroella de Montgrí, donde los planos mostraban arcos y un mi­narete, la respuesta de los respec­tivos ayuntamientos ha sido negativa. En cambio, los croquis de una futura mezquita en Salt dibu­jan un edificio cuyo exterior se ajusta a un modelo donde no exis­ten estos elementos y cuya apa­riencia podría ser la de un centro cívico, una biblioteca o cualquier tipo de edificio no religioso.

La nueva ley, que deberá ratifi­car el Parlament, tendrá muy en cuenta las condiciones acústicas y las medidas de aislamiento pa­ra que la actividad no cause mo­lestias en el exterior.

TORROELLA DE MONTGRÍ | Elementos arabescos de paisajes lejanos

El último pleno municipal de Torroella de Montgrí aprobó anular la licencia de obras que el anterior gobierno municipal concedió a la comunidad islámica para que pudiera edificar una mezquita en un polígono industrial. El gobierno adujo irregularidades en la tramitación del proyecto y discrepan­cias sobre el aspecto exterior del edificio, ya que incluía algu­nos elementos arabescos que distorsionaban el paisaje urba­no. La comunidad islámica ya avanzó que volvería a presen­tar el proyecto con los cam­bios necesarios, aunque avisó: "No queremos una nave indus­trial; es un centro de culto". La mezquita tendría capacidad para 435 personas. / S. Oller

SALT | Un proyecto dentro del plazo

Las entidades Magribins per la Pau y Al^HÜal ya han presen­tado al Ayuntamiento de Salt el proyecto para construir una mezquita en el polígono indus­trial, y si cumple con todos los requisitos, la obra saldrá ade­lante. Sus impulsores tenían de plazo hasta el día 22 para presentar el proyecto, si no querían verse afectados por la moratoria que aprobó el pleno y que prohíbe durante un año la construcción de centros de culto en este espacio. No obs­tante, el Ayuntamiento podría ofrecerles otro emplazamiento alternativo, aún por concretar. A quien sí afectará la morato­ria es a una comunidad evangé­lica, que ha llevado el caso al juez./S. Oller

LLEIDA | Clausura del templo y solar a concurso

El alcalde de Lleida, Ángel Ros, siempre ha defendido la competencia municipal para decidir la ubicación de locales de culto. Y ha predicado con el ejemplo, pues la Paeria ya pu­so, hace más de dos años, a disposición de las comunida­des religiosas un solar en el polígono El Segre para levan­tar una mezquita en esos terre­nos. La medida se acordó inclu­so antes de que la principal mezquita de Lleida -la de la calle del Nord- fuese clausura­da por exceso de aforo. De eso hace ahora un año, pero los líderes religiosos de ese tem­plo no han mostrado ningún interés para levantar en ese solar una mezquita. Aun así, la oferta sigue en pie. / J. Ricou

CORNELIA | Reanudadas las obras tras un año de parón

Durante cerca de un ano, la actividad ha sido nula, pero durante este verano se ha vuel­to a trabajan la futura gran mezquita de Cornellà, situada en la calle Cirerers, en una zona industrial fronteriza con Esplugues y Sant Joan Despí, casi tiene cubierto su esquele­to. La comunidad islámica que la está construyendo, Al Tauba, se quedó sin financiación una vez hecha la estructura, aunque gracias a la ayuda de los fieles se han podido reanu­dar las obras- En el año 2005 el Consistorio cedió el terreno por 50 años a la comunidad, a la vez que cedía otro solar a la Iglesia católica para otro tem­plo, que en este caso sigue pa­ralizado. / R. Montilla

BARCELONA | Ciudad grande, oratorios pequeños

Si bien Barcelona tiene regis­trados 17 oratorios en los que se profesa la fe islámica -el último abrió este año en Horta-Guinardó-, en la ciudad no hay ninguna gran mezquita. Esta ausencia es una de las sorpresas con las que se en­cuentran los turistas de países árabes con alto poder adquisiti­vo que visitan la capital catala­na. Tampoco hay ningún pro­yecto serio de construcción de un equipamiento de este tipo, a pesar de informaciones co­mo la que apunta que un emir de Dubái está interesado en reconvertir la plaza de toros Monumental en la gran mez­quita de Catalunya. El Ayunta­miento asegura no tener cons­tancia de ello. / R. Suñé

GIRO POLÍTICO  | DESMONTANDO AL TRIPARTITO

La ley 16/2009 que regula los centros de culto en Cata­luña está aprobada el 22 de junio del 2009 y rubricada por el entonces presidente de la Generalitat, el socialis­ta José Montilla, y por su vicepresidente, Josep-Lluís Carod-Rovira, que tenía bajo su mando el departa­mento de asuntos religiosos. El acuerdo de ayer del nue­vo Ejecutivo catalán presidido por Artur Mas no sólo busca resolver multitud de inconvenientes que han sur­gido a la hora de intentar aplicar los preceptos de la ley, sino que tiene el fondo ideológico de desmontar o modificar unos preceptos que se acercaban más a los conceptos de multiculturalidad abanderados por los partidos catalanes de iz­quierda y que la coalición que da apoyo al Govern, CiU, ve de otra manera.

Si en el 2009 el gobierno tripartito tuvo que hacer frente “a los nuevos retos y las nuevas respuestas” que exigía la llegada masiva de inmigrantes que necesita­ban oratorios y centros reli­giosos de muy distintas con­fesiones, el actual Govern afronta una serie de conflic­tos urbanísticos más que confesionales, de proyectos de construcción de edificios de culto que han levantado polémica.

Paradójicamente, y en parte, ha sido el socialista Ángel Ros, alcalde de Lleida, el que ha mostrado el camino al Govern de que se puede actuar con puño de hierro (y guante también de hierro) contra los excesos en el aforo o el incumpli­miento de las condiciones de seguridad -ruidos, sali­das de emergencia, etcétera- de centros religiosos que no siguen la normativa.

El actual Govern, que ha demostrado con reiteración su obsesión por aligerar trámites burocráticos, ha escuchado a los ayuntamien­tos. Muchos de ellos han perdido parte de sus ingre­sos habituales por las licen­cias de construcción que ya no conceden por la crisis. Sin embargo, se veían obli­gados, por la citada ley del 2009, a reservar suelo antes del 2019 y modificar todo su planeamiento urbanís­tico. Las quejas han tenido acogida y se han juntado con una visión distinta del nuevo Govern que entierra otro de los proyectos del tripartito.

Fuente: LA VANGUARDIA / Felip Vivanco

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