LIBERTAD RELIGIOSA
El Congreso admite a trámite una propuesta de reforma de Ley que castigará con penas de prisión las llamadas “terapias de conversión”
FEREDE, que había advertido en 2022 al Gobierno sobre la ambigüedad en las definiciones y la inseguridad jurídica derivada del texto de la “Ley Trans”, analiza en estos momentos la Propuesta de reforma admitida a trámite en el Congreso
(Redacción, 26/06/2025) En junio de 2022, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) alzó la voz frente a los anteproyectos de reforma de la Ley del Aborto y de la denominada “Ley Trans”, señalando que varias disposiciones podrían vulnerar derechos fundamentales como la libertad religiosa, de conciencia y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.
Uno de los aspectos que más inquietud generó fue la ambigua definición de las llamadas “terapias de conversión”. Aunque FEREDE aclaró que en las iglesias evangélicas no se practican tales terapias en sentido clínico, expresó preocupación porque acompañamientos pastorales o espirituales solicitados voluntariamente por personas con dudas sobre su identidad u orientación sexual pudieran ser considerados como tales. La federación advirtió que, de aplicarse de forma literal el régimen sancionador previsto, se estaría criminalizando incluso el acompañamiento voluntario, generando inseguridad jurídica tanto para ministros de culto como para profesionales de la psicología.
Otro frente de preocupación estuvo en la autodeterminación de género en menores. FEREDE consideró especialmente grave que la ley permitiese a menores rectificar su sexo en el registro civil sin consentimiento paterno, lo cual —argumentó— erosiona el ejercicio legítimo de la patria potestad. En este marco, señaló que si unos padres solicitaban apoyo psicológico para su hijo con disforia de género, esto podría ser interpretado como una “terapia de conversión”, exponiéndolos a posibles sanciones.
La federación también expresó su inquietud por los contenidos de la formación educativa promovida por la ley, que —según denunció— podría ir más allá del respeto a la diversidad, imponiendo una visión ideológica de la sexualidad y el género, y limitando el derecho de las familias a educar conforme a sus principios religiosos.
El 28 de junio de 2022, FEREDE registró formalmente su informe ante los ministerios competentes —Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y Ministerio de Igualdad, dirigidos por Félix Bolaños e Irene Montero, respectivamente—, solicitando que se reconsiderasen o modificasen los textos legislativos para garantizar el respeto a todos los derechos constitucionales. En septiembre de ese año, el ministro Félix Bolaños respondió asegurando que la libertad de conciencia está plenamente garantizada por el sistema democrático español y afirmando con rotundidad que “ni es ni puede ser efecto de ninguna ley vulnerar otros derechos fundamentales y no está en la voluntad del legislador”.
Sin embargo, FEREDE lamentó que dicha respuesta no abordara los puntos concretos y preocupaciones planteadas, especialmente en lo que respecta a la inseguridad jurídica de pastores y padres ante las nuevas disposiciones legales.
Finalmente, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI —conocida como Ley Trans— fue aprobada definitivamente en el Congreso el 16 de febrero de 2023, con 191 votos a favor, 60 en contra y 91 abstenciones. Posteriormente, se publicó en el BOE el 1 de marzo de 2023, entrando en vigor al día siguiente, el 2 de marzo.
Giro de tuerca hacia la criminalización penal
El más reciente episodio de esta cronología jurídica se ha producido esta misma semana. El pasado 24 de junio de 2025, el Congreso aprobó admitir a trámite una proposición de ley impulsada por el PSOE para modificar el Código Penal, incorporando un nuevo artículo 173.bis. Esta iniciativa establece penas de 6 meses a 2 años de prisión para quien realice o promueva terapias de conversión sobre orientación, identidad o expresión de género. La propuesta ha recibido el apoyo para su tramitación parlamentaria de todos los partidos con excepción de VOX.
Esto podría suponer que, de aprobarse la reforma, lo que antes se sancionaba con multas, ahora traería consigo riesgo de penas de prisión, lo que amplifica el riesgo de que los acompañamientos profesionales, familiares o pastorales solicitados voluntariamente, por ejemplo, por un hijo a sus padres, o por un feligrés al pastor de su iglesia, terminen con el encarcelamiento de familiares y ministros de culto.
Mientras escribimos estas líneas, el Servicio Jurídico de FEREDE se encuentra analizando la Propuesta de reforma de la Ley presentada este martes en el Congreso.
Fuente: FEREDE / Redacción: Actualidad Evangélica
