MUY PERSONAL / por JORGE FERNÁNDEZ
El día que la Guardia Civil vino a por mí para deportarme
“De esto ya han pasado 35 años y nunca antes he contado esta historia personal. Y si ahora lo hago es para solidarizarme con los trabajadores inmigrantes que, en los EEUU o en Europa, hoy son humillados y vulnerados en sus derechos humanos por discursos de odio y normativas populistas, improvisadas y mezquinas, contrarias a la justicia y a los derechos humanos."
Un operativo de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Local
(JORGE FERNÁNDEZ, 28/01/2025) Las redadas contra inmigrantes ordenadas por el nuevo Presidente de los EEUU nos han llegado a través de los medios con imágenes propias de una distopía, de una película de ficción, con personas esposadas y encadenadas como ganado subiendo la escalerilla de un avión para ser deportadas fuera del país.
La situación no puede menos que conmocionar a cualquier espectador sensible, pero mucho más a las personas migrantes que, por hache o por be, nos vimos alguna vez en la situación de tropezar con la burocracia de un sistema cerrado o poco abierto a la acogida de trabajadores migrantes.
Antes de la primera Ley de extranjería en España: el cerrojo de 1985.
Este mes se cumplieron en España 25 años de la promulgación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La primera ley de extranjería de España propiamente dicha.
Esa ley de enero del 2000, surge en respuesta a los cambios que por primera vez en mucho tiempo se estaban produciendo en España, que pasaba de ser un país que tradicionalmente exportaba migrantes, a otro que empezaba a recibir importantes flujos migratorios a partir de 1999. No era una ley perfecta, pero al menos era una ley que ofrecía alternativas posibles a la inmigración regular.
No fue tan fácil para los trabajadores migrantes que llegamos a España en los 80, y que tropezamos con la infame[1] Ley Orgánica 7/1985 de 1 de julio, un improvisado cerrojo cuya única finalidad era demostrar a Europa que España no iba a ser un coladero para la inmigración si se aprobaba su integración en la CEE (que finalmente se produjo pocos meses más tarde, en enero de 1986).
La ley de 1985 se aprobó en vísperas del ingreso de España en la entonces denominada Comunidad Económica Europea (que fue efectiva el 1 de enero de 1986), con la finalidad de dar seguridad a los estados europeos de que España no sería un coladero de inmigrantes en un ámbito europeo en el que Estados como Alemania o Francia habían cerrado, en buena medida, sus puertas a la inmigración desde la crisis del petróleo de principios de los setenta.
(...) La precaria regulación de este tipo de previsiones favorecía la discrecionalidad administrativa a la hora de concretar la norma aplicable, constituyendo una invitación a la arbitrariedad administrativa (Moya 2006, 56).[2]
"15 días para abandonar el territorio español"
En nuestro caso particular, tras conseguir la oferta de trabajo que la ley exigía, recorrer pasillos y varias instancias administrativas en las que descubrimos que el "silencio administrativo” era una prerrogativa de la Administración del Estado que no le obligaba a nada, pero sí dejaba en una situación de desamparo y alegalidad al trabajador migrante, sucedió lo que nunca hubiéramos imaginado.
Por aquel entonces vivíamos circunstancialmente en Burgos. Yo había echado una instancia en la Administración de Pontevedra, de donde eran mis padres y mis abuelos paternos, pensando que allí sería más fácil conseguir “los papeles” con el contrato de trabajo correspondiente. Como pasaba el tiempo y no nos respondían, la organización que me ofrecía un contrato presentó toda la documentación en Santander, donde tenía su sede fiscal.
Parecía que todo estaba a punto de resolverse satisfactoriamente, una vez solventados un par de asuntos burocráticos. “Las cosas de palacio van despacio”, me decían nuestros contactos en Santander. Creo que aquella fue la primera vez que escuché ese dicho español.
Pero entonces, un día se personaron dos agentes de la Guardia Civil en casa. Yo no estaba en ese momento. Miriam, mi mujer, fue la que tomó el recado de que tenía que presentarme "a la mayor brevedad" en la Comandancia regional munido de mi pasaporte.
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Quizás de ese modo evité la humillación de que me sacaran esposado de mi domicilio familiar, delante de mis hijos, mis amigos y vecinos, como a un delincuente. No lo sé, pero lo pienso cuando veo lo que hoy sufren mis análogos latinos en los EEUU. |
Al día siguiente, ingenuamente ilusionado por la convicción de que acudía a un trámite más para la consecución del ansiado permiso de trabajo, llegué al cuartel de la Benemérita de Burgos donde, sin mediar palabra, un agente me estampó un enorme sello de tinta azul en una hoja del pasaporte en donde se indicaba que tenía 15 días para abandonar el territorio español, con una advertencia en letra pequeña de las consecuencias a las que me enfrentaría en caso de no cumplir el plazo fijado.
Se me vino el mundo encima. No entendía nada. Pero acaté la orden y, tras dejar a buen recaudo a mi mujer y mis dos hijos pequeños, viajé a Argentina a esperar a que me llegara por vía consular el permiso de trabajo correspondiente. Quizás de ese modo evité la humillación de que me sacaran esposado de mi domicilio familiar, delante de mis hijos, mis amigos y vecinos, como a un delincuente. No lo sé, pero lo pienso cuando veo lo que hoy sufren mis análogos latinos en los EEUU.
“Las cosas de palacio” iban a demorarse aún dos meses más. Dos meses de angustia e incertidumbre, con una familia separada por un muro burocrático y con perjuicios económicos que hacían insostenible nuestra precaria economía familiar.
Finalmente, gracias a Dios y al compromiso de la organización que me contrató, cuyo apoyo y paciencia fue mucho más allá de lo profesional, conseguí saltar el muro con concertinas de la Ley Orgánica 7/1985 y regularizar mi situación laboral en España.
De esto ya han pasado 35 años y nunca antes he contado esta historia personal. Y si ahora lo hago es para solidarizarme con los trabajadores inmigrantes que, en los EEUU o en Europa, hoy son humillados y vulnerados en sus derechos humanos por discursos de odio y normativas populistas, improvisadas y mezquinas, contrarias a la justicia y a los derechos humanos.
Los verdaderos delincuentes
Normativas que castigan a los trabajadores migrantes honestos y que, en cambio, no suponen ningún obstáculo para los criminales, mafiosos, especuladores multimillonarios y narcotraficantes, que consiguen sus visados VIPS[3] a base de dólares y euros de dudosa procedencia, sin la mayor dificultad y sin demasiadas preguntas.
Estos últimos son los verdaderos delincuentes, a los que se debe perseguir, esposar y deportar. No a los trabajadores migrantes que venimos a ayudar a construir, con nuestra fe, ilusión, esfuerzo y trabajo, una sociedad mejor para nuestros hijos y para los de los demás.
"Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros..." (Ëxodo 22:21)
*** Notas:
[1] Fue una normativa “trampa” denunciada por su inconstitucionalidad y que en la práctica era imposible de cumplir en la mayoría de los casos.
[2] Un balance tras 25 años de leyes de extranjería en España: 1985-2010
[3] Los permisos de residencia a extranjeros VIPS se triplican en 5 años
© Jorge Fernández – Madrid, martes 28 de enero de 2025-
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