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INTERNACIONAL / EL SALVADOR

La Alianza Evangélica de El Salvador considera “atentatorias” unas declaraciones del vicepresidente del país a “Le Monde” en las que sugiere la complicidad del 80% de los pastores con las pandillas

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El vicepresidente salvadoreño arremetió contra abogados, periodistas, sacerdotes católicos... pero fue a los pastores evangélicos a los que dedicó su acusación más contundente.

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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa / Archivo

(Redacción, 25/08/2022) “Consideramos atentatorias las declaraciones vertidas por el Señor Vicepresidente cuando expresa que el 80% de los pastores son parte de las estructuras de las pandillas… y solicitamos respetuosamente se reconsideren tales aseveraciones en virtud de no coincidir con la realidad”.

Con estas palabras la Alianza Evangélica de El Salvador salía al cruce de unas desafortunadas declaraciones realizadas por el vicepresidente del país, Félix Ulloa, al diario francés Le Monde en una entrevista de la periodista Angeline Montoya publicada el pasado 12 de agosto.

En dicha entrevista, que puede leerse íntegramente al pie de estas líneas, Ulloa justifica sin ambajes los excesos de la represión iniciada por el Gobierno de Nayib Bukele contra las maras desde el pasado 27 de marzo, porque “hemos declarado la guerra a las maras y en una guerra siempre hay daños colaterales”. En sus respuestas, el vicepresidente salvadoreño niega las comparaciones con los métodos de los militares durante el conflicto armado (1979-1992) porque el estado de excepción declarado el 27 de marzo, aprobado por la Asamblea Nacional, permite la suspensión de ciertas garantías constitucionales, como la detención de sospechosos sin orden judicial, aunque entre ellos se reprima a ciudadanos inocentes.

Ulloa, que afirma no creer en la reinserción social de los pandilleros que cumplen condena –“cuando sales de la cárcel no eres un expandillero. Eres un pandillero”-, también arremete contra periodistas, abogados, sacerdotes católicos y pastores evangélicos que, según dice, “sirvieron para transmitir mensajes de los jefes de pandillas desde las prisiones”. Pero es a estos últimos a quienes dedica la acusación más contundente.

Cuando la periodista hace referencia a personas que presuntamente fueron detenidas sin ser pandilleros, responde: “¿Según quién? ¿Ellos mismos? ¿Su madre? ¿Pastores evangélicos? Porque el 80% de los pastores forman parte de estas estructuras”.

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El comunicado de la Alianza Evangélica del Salvador (pinche en la imagen para descargar en PDF)

REACCIONES DE APOYO

La Alianza Evangélica de El Salvador no está sola en su denuncia contra estas declaraciones arbitrarias y sin fundamento.

logoaelatina 300x105La comisión de la Libertad Religiosa de la Alianza Evangélica Latina (AEL), se ha pronunciado manifestando su apoyo a la Alianza Evangélica de El Salvador, a través de un comunicado dirigido a las autoridades del país expresando su postura y preocupación ante las declaraciones dadas por el Vicepresidente de la Nación.

La AEL declara que la manifestación del vicepresidente Félix Ulloa es “una afirmación no acreditada … que contrasta con la labor realizada por la Iglesia Evangélica representada por Alianza Evangélica de El Salvador en favor de la familia y sociedad salvadoreña a través de Iglesias locales, proyectos sociales, colegios, universidades casas de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, orfanatos, clínicas, hospitales, comedores infantiles, centros de desarrollo integral para la niñez…”. Y pide que tal afirmación sea rectificada.

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El cardenal Gregorio Rosa Chávez rechazó las acusaciones del vicepresidente Ulloa contra los pastores evangélicos

Por su parte, en declaraciones a la prensa local, el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez aseguró que en El Salvador ya existe persecución "de distintas maneras" en contra de la Iglesia, y rechazó las declaraciones del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien acusó a los pastores salvadoreños de tener nexos con las pandillas.

"No se conoce cuáles son las pruebas que puedan presentarse (sobre esta afirmación), en todo caso, la Iglesia tiene que estar abierta a todos, es madre de todos, y debe escuchar a los que están en caminos equivocados también", afirmó el obispo.

El cardenal también urgió a que se termine con el estado de excepción y que "los inocentes no sean incriminados".

DENUNCIA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

El presidente, Nayib Bukele, “hunde a El Salvador en una crisis de derechos humanos tras tres años de gobierno”. Esta es la observación de la organización Amnistía Internacional (AI) que, en un mordaz informe, publicado el 2 de junio, denuncia "miles de detenciones arbitrarias y violaciones del derecho a la defensa, torturas y malos tratos y la muerte en menos dieciocho personas" que se encontraban detenidas desde la instauración del estado de emergencia el 27 de marzo. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, afirma que “al menos veintiuna personas privadas de libertad habrían perdido la vida, de las cuales al menos quince fueron detenidos en régimen excepcional”.

El gobierno salvadoreño dice que ha librado una guerra despiadada contra las pandillas desde un sangriento fin de semana a finales de marzo, durante el cual 87 personas fueron asesinadas en las calles del país por grupos armados. Según una investigación del medio El Faro, esta ola de homicidios, la más grave en treinta años en un país acostumbrado a la violencia, fue provocada por la ruptura de un pacto secreto entre el gobierno y los líderes de las dos principales bandas Barrio 18 y Mara Salvatrucha 13, destinados a bajar la criminalidad.

El estado de alarma supuso la suspensión de las libertades individuales y la ampliación de la detención policial de setenta y dos horas a quince días. Al 5 de junio, las autoridades anunciaron que habían arrestado a 37.000 “terroristas”. Según medios locales, el 1,7% de la población adulta se encuentra ahora en cárceles que ya estaban superpobladas antes de estos hechos. Entre el 27 de marzo y el 17 de mayo, según el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, al menos 1.190 menores de edad se encontraron detenidos, en su mayoría imputados por los delitos de “asociación ilícita" y “organización terrorista”.

CÁRCEL PARA NIÑOS DE 12 AÑOS Y PERIODISTAS

A raíz del estado de emergencia, el Congreso salvadoreño, dominado por el partido del presidente Bukele, modificó el código penal, aumentando en cinco las penas por pertenencia a pandillas y autorizando la pena de diez años de prisión para niños a partir de los 12 años. También aprobó una ley que castiga con quince años de prisión cualquier intercambio de información sobre pandillas, incluso por parte de la prensa.

INTERNACIONAL / EL SALVADOR

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador: “En toda guerra hay víctimas inocentes”

El vicepresidente de El Salvador defiende, en entrevista con "Le Monde", la política represiva del gobierno a pesar de las críticas de los organismos de derechos humanos.

Entrevista de Angeline Montoya (San Salvador, corresponsal especial)

Publicado el 12 de agosto de 2022 a las 15:00 horas

El Salvador vive bajo un régimen de excepción desde el 27 de marzo, votado por la Asamblea Nacional tras una ola de homicidios que dejó 87 muertos en tres días. Como casi 49.000 personas han sido detenidas desde entonces en la 'guerra contra las pandillas', los grupos de derechos humanos están preocupados por el aumento de las detenciones arbitrarias, los malos tratos y las muertes en prisiones superpobladas.

El aún muy popular presidente Nayib Bukele, en el poder desde 2019, es acusado por la comunidad internacional de abusos autoritarios. El vicepresidente del país, Félix Ulloa, es un abogado que en su juventud formó parte del movimiento estudiantil durante el conflicto armado (1979-1992), luego defendió a la guerrilla. Su padre, rector de la Universidad de El Salvador, fue asesinado en 1980 por un escuadrón de la muerte. En una entrevista con Le Monde en San Salvador a fines de julio, Félix Ulloa asegura que se respeta el estado de derecho y que las detenciones de personas inocentes o las muertes en prisión son “daños colaterales” propios de cualquier guerra.

A los organismos de derechos humanos les preocupa que de las aproximadamente 49.000 personas arrestadas desde marzo, muchas no tienen conexión con las pandillas. ¿Cómo les respondes?

Según nuestras estadísticas, El Salvador se ha convertido en uno de los cinco países más seguros de América Latina. Pero siempre hay periodistas y miembros de la sociedad civil que señalan la excepción que confirma la regla. Que haya un margen de error es natural, y habrá que corregirlo. Pero hay que ver el panorama general: El Salvador le ha declarado la guerra a las pandillas, es decir al enemigo interno, en defensa del pueblo salvadoreño. En el pasado, todo se intentó, nada funcionó. El último recurso es, por tanto, declarar la guerra para defender al pueblo honesto y trabajador, con el fin de obtener la paz social.

Usted habló de "daños colaterales" en la prensa.

Dije que en toda guerra hay víctimas inocentes y daños colaterales.

¿No fue ese el argumento de los militares durante el conflicto armado?

Los soldados estaban en la posición en la que nos encontramos hoy. Pero durante el conflicto armado, violar los derechos humanos fue política de Estado. Aquí, la política de Estado es proteger a la población. Así que sí, las personas se ven afectadas porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero esto no es una política de Estado. No quise justificar que hay víctimas inocentes o que hay personas que merecen ser detenidas injustamente, sino todo lo contrario: quise explicar que la responsabilidad que tengo hoy, de este lado del Estado, es defender a los 8 millones de salvadoreños. Al final tenemos unas 48.000 personas capturadas y menos de 60 muertos. Eso significa que es un éxito. Aunque hubiera habido 100 muertos, esto no es nada en proporción a los 8 millones de salvadoreños protegidos.

No siempre se respeta la Constitución. Muchos testimonios reportan detenciones sin orden judicial…

El régimen de emergencia suspende garantías constitucionales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio [contrario a lo que afirma el señor Ulloa, el régimen de emergencia no suspende el artículo sobre la inviolabilidad del domicilio]. Antes del estado de excepción, muchos pandilleros salieron de prisión por este tema técnico, porque no había orden de detención. Hoy pueden ser arrestados sin orden judicial y permanecerán en prisión. La acusación tiene más tiempo para reunir las pruebas. Los jueces corregirán los errores a su debido tiempo.

El viceministro de Justicia, Osiris Luna, dijo que los pandilleros que habían cumplido sus condenas y fueron liberados de prisión fueron recapturados de inmediato. ¿No va eso en contra del derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito?

No, porque no son recapturados por la misma razón. Fueron juzgados por una razón, por ejemplo, un homicidio. Cuando salen de prisión, son detenidos, porque pertenecen a una pandilla y deben responder por este delito. El hecho de haber cumplido una pena no exonera al delincuente de su relación delictiva con la estructura delictiva.

Hay testimonios de personas que fueron detenidas cuando no eran pandilleros.

¿Según quién? ¿Ellos mismos? ¿Su madre? ¿Pastores evangélicos? Porque el 80% de los pastores forman parte de estas estructuras. Un fiscal me llamó recientemente para decirme que un académico arrestado era un trabajador honesto y no tenía nada que ver con las pandillas. Le aconsejé que comprobara sus antecedentes penales. ¡Y resulta que lo habían detenido dos veces por ser parte de la pandilla Barrio 18!

¿Y no pudo haber dejado la pandilla desde entonces?

Cuando sales de la cárcel, no eres un ex-pandillero. Eres un pandillero.

¿No hay reintegración posible?

Con esta gente, es difícil.

¿La ley que castiga con quince años de prisión a las personas que reproducen mensajes pandilleros no limita la libertad de prensa?

Esta nueva ley está dirigida precisamente contra muchos periodistas, abogados, pastores evangélicos o sacerdotes que sirvieron para transmitir mensajes de los jefes de pandillas desde las prisiones.

Desde 2019, el gobierno atribuye la caída de los homicidios al Plan Control Territorial. Si este plan es un éxito, ¿a qué atribuye la masacre de 87 personas, a fines de marzo, a manos de las pandillas?

Esta ola de asesinatos corresponde al anuncio de la llegada de [el empresario mexicano] Ricardo Salinas Pliego para realizar inversiones en el país en bitcoins. No hay duda de que fue planeado por quienes quieren manchar la imagen del país, dañar al gobierno y crear un clima desfavorable para la inversión.

¿Quiénes son?

Las pandillas, y quienes las defienden: los periodistas, que han hecho de las pandillas una industria, que informan, escriben libros. Y los que financian a las pandillas. Porque las pandillas ganan dinero gracias al crimen organizado.

El medio “El Faro” difundió grabaciones del director de la reconstrucción del tejido social, Carlos Marroquín, negociando una tregua con pandilleros. ¿Sigue negando la existencia de tal negociación por parte del gobierno?

Primero hay que preguntar quién le dio esta grabación al periodista. Es un pandillero. Por lo tanto, el periodista es culpable de vínculos con pandillas. Entonces, tienes que hacer la diferencia entre las acciones de un individuo de un funcionario y una política estatal. Este gobierno nunca ha negociado y nunca negociará con las pandillas. Si cualquier funcionario, él u otro, interactúa con las pandillas y puede tomar decisiones y llegar a acuerdos que se pueden sacar de contexto, eso sigue sin ser política de Estado.

Las grabaciones reveladas por "El Faro" también mostraron que uno de los líderes de la pandilla MS-13, Elmer Canales Rivera, alias "Ladrón", fue exfiltrado del país por el Sr. Marroquín como prenda de su "lealtad", cuando fue condenado a una fuerte pena de prisión y Estados Unidos solicitó su extradición. ¿Cómo es posible?

El gobierno no tiene nada que ver con eso. La extradición es decidida por la Corte Suprema.

Carlos Marroquín sigue en su puesto. ¿Se ha abierto una investigación en su contra?

No sé, no está en mi área de acción, eso lo decide el gobierno. Pero sí, tendría sentido abrir una investigación.

El año pasado le manifestó a “Le Monde" su temor de que el proceso conduzca a un modelo autoritario. ¿No es eso lo que estamos presenciando?

Absolutamente no. Porque los modelos autoritarios utilizan la fuerza física. Y estamos usando la ley y la acción estatal para luchar contra un enemigo interno poderoso, cruel y despiadado que ha puesto de rodillas a los gobiernos anteriores. Por supuesto, puede haber modelos autocráticos sin uso de la fuerza, cooptando poderes y limitando libertades, pero no fue así.

Nada más inaugurarse el 1 de mayo de 2021, la nueva Asamblea, dominada por el oficialismo, destituyó a los magistrados de la Corte Constitucional y al Fiscal General...

Pero eso no es tomar el poder, es responder a la voluntad de la gente.

Angeline Montoya (San Salvador, corresponsal especial)

Fuente: Le Monde, varios / Redacción, traducción y edición: Actualidad Evangélica

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