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PACTO MIGRATORIO

Representantes de organismos internacionales de derechos humanos y grupos parlamentarios denuncian el grave impacto del Pacto Europeo de Migración y Asilo 

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El encuentro, impulsado por organizaciones de la sociedad civil, ha contado con la participación del Relator Especial de las Naciones Unidas, el Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliado (ECRE) y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). Las organizaciones han lamentado la ausencia del Partido Socialista como muestra de su falta de compromiso por incorporar el diálogo con la sociedad civil.

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(MADRID, 18/02/2022) El Congreso de los Diputados ha acogido, este jueves 17 de febrero, una jornada sobre ‘El impacto en derechos humanos del Pacto Europeo de Migración y Asilo’, que ha contado con la participación del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, el Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados (ECRE) y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), además de representantes de los grupos parlamentarios y 11 entidades de la sociedad civil que han promovido el encuentro.

Durante sus intervenciones, todos coincidieron que los mecanismos y procedimientos propuestos en el Pacto para la gestión de las migraciones contraviene los estándares internacionales de derechos humanos,  y refuerzan medidas que ya han mostrado sus graves consecuencias en la vida y seguridad de las personas migrantes y refugiadas.

El marco de derechos humanos en el Pacto

Durante su intervención, Felipe González Morales, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, ha destacado que “si bien el pacto propuesto contiene algunos avances, presenta un déficit muy importante desde el punto de vista de los estándares internacionales de derechos humanos”.

Uno de los aspectos más preocupantes del Pacto “es la situación de los niños y niñas mayores de 12 años que viajen con sus familias y que podrán ser detenidos durante todo el procedimiento”.

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En este sentido, asegura que el Pacto “mantiene el foco principal en una política de retornos, énfasis que ha demostrado serios problemas por más de una década en el contexto de la Unión Europea, vulnerando constantemente los derechos humanos de las personas migrantes”. Además, ha añadido, “no se abordan en el Pacto una serie de medidas alternativas a la concesión o denegación de refugio, tales como permisos de residencia temporal o procesos de regularización migratoria. Solo por esta vía se podrá asegurar una efectiva garantía de los derechos humanos de las personas migrantes”.

Por su parte, Mónica Gutierrez, en representación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), ha aportado la perspectiva sobre los potenciales riesgos del Pacto a nivel de derechos humanos, especialmente en materia de detención, retorno, medidas de solidaridad y colectivos vulnerables, y ha señalado que uno de los aspectos más preocupantes “es la situación de los niños y niñas mayores de 12 años que viajen con su familias y que podrán ser detenidos durante todo el procedimiento”.

Unas preocupaciones que también ha compartido Sofía Bonatti, oficial jurídico Senior del Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados, que ha destacado la reducción de las garantías y la prolongación de los tiempos de detención en los procedimientos fronterizos, y ha defendido el establecimiento de “canales seguros y legales, y la necesidad de que la Unión Europea esté dispuesta a asumir su responsabilidad en materia de protección internacional”.

El Pacto Europeo en el contexto español: riesgos y propuestas

En el informe publicado por las organizaciones sociales convocantes en el mes de septiembre de 2021, ya advertían de la falta de garantías en la protección de derechos de las personas migrantes y refugiadas y del grave impacto de las medidas que ya se están adoptando por parte del Gobierno español, y que han sido aplicadas en la gestión de las crisis humanitarias en Canarias y Ceuta.

Entre sus propuestas, las organizaciones reclaman mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas, la habilitación de vías regulares y seguras, canales y visados humanitarios especialmente en contextos de crisis, cuotas de reparto de acogida obligatorias para todos los países, la adopción de la detención como último recurso, así como la desvinculación de las ayudas para el desarrollo de cualquier objetivo de control migratorio o securitización de las fronteras. En definitiva, cumplir con las obligaciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Los grupos parlamentarios ante la negociación del Pacto

Durante la jornada, las entidades convocantes han lamentado que, a pesar de haber comprometido su asistencia, el Partido Socialista no haya estado presente en la jornada, algo que interpretan como una falta de compromiso por incorporar el diálogo con la sociedad civil en la negociación del Pacto.

Asimismo, los grupos parlamentarios presentes – Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Grupo Parlamentario Republicano, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y Junts per Catalunya- han destacado la necesidad de que el PSOE se sume a la defensa decidida del enfoque de derechos y protección de la vida de las personas en la negociación del Pacto, compartiendo su rechazo a que se mantenga el paradigma de la “Europa fortaleza” con un enfoque puramente securitario en la política migratoria en lugar de reforzar los principios europeos de defensa de los derechos humanos, y han mostrado preocupación ante el fortalecimiento de los discursos de odio, xenófobos y racistas en el ámbito político español y europeo.

Promueven: 

Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, CEAR, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Fundación Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermon, Red Acoge, Save the Children y Stop Mare Mortum

Fuente: Coordinadora de ONGD / Edición: Actualidad Evangélica

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