(Redacción, 13/07/2026) | El Parlamento Europeo (PE) aprobó el pasado jueves tres resoluciones que condenan las violaciones de derechos humanos en Nigeria, Pakistán y Sudán. Las tres ponen el foco en la persecución religiosa que sufren las comunidades cristianas en los dos primeros países, y en los crímenes de guerra que asolan al tercero. El Parlamento Europeo ya se había pronunciado antes sobre Nigeria y Pakistán, pero esta vez el lenguaje es más explícito y las peticiones más concretas

Las tres votaciones han contado con un respaldo mayoritario. La de Nigeria fue aprobada con 510 votos a favor frente a un único voto en contra. La de Sudán obtuvo 476 votos favorables, y la de Pakistán se aprobó por mano alzada, un procedimiento reservado para los casos en que el acuerdo es tan amplio que no se considera necesario contar los votos individualmente. Este nivel de consenso, prácticamente unánime, envía un mensaje claro a los tres gobiernos afectados y a las propias instituciones ejecutivas de la UE.

La masacre de Kawel y la persecución de cristianos en Nigeria

Nigeria es uno de los países que concentra el mayor número de cristianos asesinados por su fe en todo el mundo, según los datos más recientes de Puertas Abiertas, aunque ocupa el séptimo lugar en el índice global de persecución religiosa.

En este contexto, los eurodiputados han condenado con firmeza la masacre perpetrada el pasado 22 de junio en la aldea de Kawel, en el estado de Plateau, donde fueron asesinadas más de 20 personas, entre ellas un pastor. La cámara ha expresado además su apoyo a la comunidad cristiana de esa región, una de las más castigadas del país por la violencia que se ejerce contra ella.

Este pronunciamiento contrasta con el que el PE hizo en 2024 tras las matanzas perpetradas en periodo navideño por milicias fulani en ese mismo estado. Aquella resolución fue criticada por sectores evangélicos y por varios eurodiputados por atribuir la violencia al cambio climático y la competencia por la tierra, en lugar de reconocer la persecución religiosa como causa directa. La resolución de 2026 marca un cambio de tono al referirse explícitamente a la «persecución de cristianos» en Nigeria.

Lucha contra Boko Haram y fin de la impunidad

Los eurodiputados exigen que las autoridades nigerianas adopten medidas antiterroristas más eficaces contra Boko Haram y denuncian el aumento alarmante de los secuestros de mujeres y niñas, que afectan de forma desproporcionada a las comunidades cristianas. El PE reclama investigaciones independientes para llevar a los perpetradores ante la justicia y acabar con la costumbre de que estos crímenes queden sin castigo ni consecuencias.

Asimismo, la cámara insta al gobierno nigeriano a compartir alertas tempranas con las comunidades en riesgo y a promover políticas de gestión de la tierra que aborden los conflictos de fondo, medidas que afectan directamente a los creyentes evangélicos de las regiones centrales de Nigeria, que son en su mayoría agricultores y sufren ataques recurrentes de milicias fulani.

Particularmente relevante es que la resolución pida a la Enviada Especial para la Promoción de la Libertad de Religión o de Creencias (FoRB, por sus siglas en inglés) fuera de la Unión Europea que vigile de cerca la situación de los cristianos en Nigeria. Esta petición es importante porque convierte esa vigilancia en un encargo institucional dentro de la diplomacia europea, algo que no existía en resoluciones anteriores.

El caso de María Shahbaz en Pakistán

La segunda resolución se centra en el caso de María Shahbaz, una niña cristiana paquistaní de 13 años que fue secuestrada en marzo de 2026, obligada a convertirse al islam y forzada a casarse con su secuestrador. Los eurodiputados exigen que la menor pueda acceder a un abogado, reunirse con su familia y recibir apoyo psicológico.

El caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de una práctica extendida en Pakistán. Según datos de Naciones Unidas correspondientes a 2025, entre las mujeres y niñas víctimas de conversión forzosa a través del matrimonio en Pakistán, aproximadamente el 75% eran hindúes y el 25% cristianas, y casi el 80% de estos casos se concentraban en la provincia de Sindh.

Ya en 2021 el PE denunció esta situación al aprobar una resolución sobre las leyes de blasfemia en Pakistán. Aquella resolución llegó a pedir que se revisara el GSP+, un acuerdo comercial por el que la UE permite a Pakistán exportar productos a Europa con aranceles reducidos a cambio de que el país cumpla una serie de convenios internacionales de derechos humanos. La amenaza de perder esas ventajas comerciales es una de las pocas herramientas de presión real que Europa tiene sobre el gobierno paquistaní. La resolución de 2026 va un paso más allá al nombrar un caso concreto y al reclamar por primera vez un mecanismo nacional para que las familias de niñas secuestradas o convertidas forzosamente puedan denunciar con garantías.

Lagunas legales y familias sin protección

Para entender la importancia de esa petición hay que conocer el contexto legal paquistaní. En 2025, el Parlamento de Pakistán aprobó una ley que penaliza los matrimonios infantiles, pero su aplicación se limita al territorio de la capital, donde vive apenas el 1% de la población. En el resto del país, las normativas son desiguales y en muchas provincias los tribunales islámicos aplican criterios que permiten validar matrimonios de menores.

Para las familias cristianas evangélicas en Pakistán esa desprotección es la norma. Muchas no denuncian por temor a represalias o porque saben que el sistema judicial rara vez las ampara, y la resolución europea busca precisamente romper ese círculo de indefensión ofreciendo un cauce formal de denuncia reconocido por el Estado.

Crímenes de guerra y crisis humanitaria en Sudán

La tercera resolución se centra en la crisis sudanesa, que aunque no aborda específicamente la persecución religiosa, refleja una catástrofe humanitaria de enormes proporciones. Los eurodiputados condenan los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos durante el asedio a la ciudad de El-Obeid por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y exigen a la UE que aumente de forma urgente la ayuda, financiando directamente a las organizaciones locales que trabajan sobre el terreno.

La resolución reclama que se abran vías seguras de paso para que los civiles puedan salir de las zonas de combate y para que la ayuda llegue a una población que sufre hambruna. Los parlamentarios instan a las partes enfrentadas a detener los ataques contra civiles, incluida la violencia sexual, y condenan cualquier intervención extranjera que alimente el conflicto, exigiendo que se cese todo suministro de armas a las RSF.

Sanciones y responsabilidad internacional

En cuanto a las medidas concretas, el PE pide que la UE sancione a los responsables de los ataques y a quienes los facilitan desde fuera del país, como el Grupo de Servicios de Seguridad Global, por violar la prohibición internacional de vender armas a las partes del conflicto sudanés. Los eurodiputados reclaman también que las RSF sean incluidas en la lista europea de organizaciones terroristas, lo que supondría el bloqueo de sus cuentas y bienes en Europa, la prohibición de viajar al territorio europeo y el fin de cualquier apoyo financiero desde la UE.

Además, la resolución solicita una investigación independiente sobre los presuntos crímenes de guerra y que la Corte Penal Internacional pueda ampliar su jurisdicción para juzgar a los responsables directos de las atrocidades en todo el territorio sudanés.

Las resoluciones del Parlamento Europeo no son leyes ni obligan por sí mismas a ningún gobierno. Sin embargo, una vez aprobadas se transmiten formalmente a las instituciones que sí tienen poder ejecutivo en la UE, es decir, al Consejo (que reúne a los gobiernos de los 27 países miembros), a la Comisión Europea y al servicio diplomático europeo. Esas instituciones pueden imponer sanciones, condicionar ayudas o revisar acuerdos comerciales, y las resoluciones del Parlamento les dan la cobertura política y la legitimidad para hacerlo. Cuanto más unánime sea la votación, más difícil resulta ignorar lo que el Parlamento ha pedido.