(Redacción, 18/06/2026) | Wilson López-López, catedrático colombiano de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y uno de los psicólogos sociales más reconocidos de Iberoamérica, presentó ayer en el Colegio Oficial de Psicología de Madrid (COPM) los resultados de quince años de investigación sobre paz, conflicto y salud mental en zonas de guerra. Lo hizo en el marco de «Los retos de la Psicología en un mundo en guerra. ¿Puede haber paz sin salud mental?«. La conferencia formó parte de una jornada de trabajo sobre diseño de estrategias de prevención de la violencia llevadas a cabo por Pacto de Convivencia, de la que forman parte el COPM y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). Los datos que expuso procedían de comunidades que vivieron algunas de las masacres más brutales del conflicto armado colombiano y, en varios casos, son hallazgos todavía sin publicar.

La pregunta de si puede haber paz sin salud mental no es nueva para la tradición cristiana evangélica, que siempre ha entendido la paz como algo que afecta a la persona entera, no solo a su dimensión espiritual. Iglesias y organizaciones evangélicas trabajan desde hace décadas en contextos de conflicto, pobreza y violencia, y se enfrentan a diario a las consecuencias psicológicas de esos entornos. La investigación científica que está comenzando a trazar esa conexión con datos empíricos es, por tanto, una herramienta útil para ese trabajo.

Pobreza y desigualdad no son lo mismo

El primer hallazgo que presentó obliga a distinguir dos cosas que suelen confundirse. La pobreza mide cuánto tiene alguien en términos absolutos. La desigualdad, en cambio, mide la distancia entre lo que tiene ese alguien y lo que tienen los demás en la misma sociedad. Un país puede tener mucha pobreza y poca desigualdad, o poca pobreza y mucha desigualdad. Lo que la investigación de López-López demuestra es que es la segunda variable, y no la primera, es la que predice la violencia colectiva. En sus propias palabras: «Sudáfrica, Colombia y Brasil tienen en común que son de los países con más altas tasas de desigualdad del mundo, no con pobreza, con desigualdad» .

Tres países con altísimas tasas de homicidio, pero con realidades económicas muy distintas entre sí. La variable que comparten no es lo que les falta en términos absolutos, sino la enormidad de la brecha entre quienes tienen mucho y quienes tienen poco. El mecanismo psicológico que explica esa conexión es lo verdaderamente original del estudio. La desigualdad extrema no solo genera frustración; desencadena un proceso por el cual las personas dejan de percibir a quienes están en el otro extremo de la escala social como plenamente humanos.

Y quien deshumaniza, encuentra más fácil legitimar que se les haga daño. Así, el investigador explica que «si usted quiere vender armas, ¿qué tiene que hacer? Producir más desigualdad. Porque puede vender discursos de odio más prejuiciosos contra migrantes, contra distintas comunidades, y entonces la gente legitima que les hagan daño.»

El antídoto que señalan los datos resulta igualmente preciso. Quienes juzgan la desigualdad como injusta deshumanizan menos, son más empáticos y tienen mayor disposición a conductas solidarias. El estudio, desarrollado junto a un equipo de la Universidad de Granada especializado en psicología de la desigualdad y próximo a publicarse en revista académica, demuestra que no basta con percibir que hay brecha sino que es necesario evaluarla moralmente. El simple hecho de considerar la distancia social como algo que no debería existir funciona como freno a la deshumanización.

La enfermedad en las comunidades

La segunda investigación presentada fue quizá la más perturbadora en términos metodológicos. López-López y su equipo pasaron más de cuatro años trabajando en los Montes de María, una subregión colombiana situada devastada por las masacres paramilitares. Entre ellas, la perpetrada en febrero de 2000 en el Salado por las Autodefensas Unidas de Colombia y en la que más de 450 hombres armados asesinaron a decenas de campesinos. El equipo reunía en las mismas sesiones a comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que habían sido víctimas directas de esa violencia, y les preguntaba por sus propias percepciones sobre la salud mental.

La respuesta dejó sin efecto las categorías diagnósticas habituales. Las escalas psiquiátricas estándar señalaban depresión y ansiedad como problemas principales. Las comunidades, en cambio, decían otra cosa: «El principal problema de salud mental era la violencia intrafamiliar, la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los adultos mayores.»

El desajuste entre el diagnóstico experto y el vivido no es un detalle secundario. Revela que las herramientas de medición psiquiátrica estándar, diseñadas en contextos muy distintos, no capturan lo que realmente destruye la vida de comunidades que llevan décadas bajo la violencia organizada.

Uno de los relatos más impactantes de su trabajo de campo fue el de una mujer que, durante una sesión, describió cómo estuvo a punto de reproducir con su propio hijo la violencia que ella misma había sufrido de niña: «Cogí a mi hijo, lo tiré al suelo, le puse el pie en el cuello y le iba a dar un puñetazo. Y cuando ya le iba a dar el golpe, me acordé de lo que hemos hablado aquí y dije: Uy, eso es lo que hacía mi mamá conmigo.»

El quiebre emocional que siguió fue el inicio de un cambio. Y ese cambio fue posible gracias al trabajo comunitario previo. La investigación de la Comisión de la Verdad de Colombia cifra que entre el 75 y el 80% de los excombatientes paramilitares y guerrilleros han vivido prácticas violentas previas, generalmente en la infancia, en sus hogares de origen.

Amenazados por prevenir el consumo de drogas

El relato del trabajo de campo incluyó un episodio que ilustra hasta dónde llega la interacción entre violencia estructural y salud. Mientras el equipo investigador desarrollaba dos proyectos paralelos en la región, uno de prevención de embarazo adolescente y otro de prevención del consumo de drogas, comenzaron a recibir presiones de los grupos armados. La razón no era ideológica sino puramente económica. Los actores armados necesitaban a esos jóvenes como reclutas y como consumidores, según le comunicaron a López-López: «Si yo los necesito enganchados a las drogas, usted no me aplique un programa de prevención en la zona» .

Las amenazas llegaron directamente al equipo investigador y obligaron a trasladar el trabajo de campo a una localidad cercana a Cartagena de Indias para poder concluir el proyecto.

Cuando el daño psicológico retroalimenta el conflicto

Una de las tesis más originales de la conferencia fue la del vínculo bidireccional entre guerra y salud mental. No se trata solo de que el conflicto armado dañe la psicología de las personas, sino que ese daño, una vez producido, vuelve a alimentar el propio conflicto. Una persona cuya capacidad de confiar ha sido destruida, cuya percepción de amenaza está permanentemente activada y que ha aprendido a ver al otro como un peligro, tiene muchas más probabilidades de participar en nuevos ciclos de violencia o de legitimarlos. El daño no se queda en quien lo recibió; se transmite y se amplifica, tejiendo una espiral en la que el conflicto genera enfermedad y la enfermedad sostiene el conflicto.

Para demostrar esto a nivel biológico, López-López presentó una tercera línea de investigación en curso, desarrollada junto a equipos de neurociencia médica, que mide marcadores como los niveles de cortisol, la frecuencia cardíaca y la sincronía en la corteza prefrontal en contextos de hostilidad entre grupos. Y explica que «cuando usted percibe a alguien como una amenaza, todos sus marcadores biológicos se alteran. Y eso termina afectándole a usted, al que produjo el juicio.»

El prejuicio no es solo una injusticia hacia el otro; es también un deterioro fisiológico medible en el propio organismo de quien prejuzga.

El perdón tiene marcadores biológicos

López-López lleva quince años estudiando el perdón en contextos de conflicto armado y fue uno de los primeros psicólogos en abordarlo como objeto de investigación científica. Cuando comenzó, el perdón era territorio casi exclusivo de la teología, el derecho y la política. Nadie lo había convertido en pregunta empírica.

Sus estudios con víctimas del conflicto colombiano revelaron que perdonar no equivale, para la mayoría, ni a olvidar ni a reconciliarse; son tres realidades distintas. El perdón puede existir sin reconciliación, y la reconciliación exige condiciones adicionales, principalmente el compromiso verificable de no repetición por parte del ofensor. Sin ese compromiso, la reconciliación resulta psicológicamente imposible para la mayor parte de las víctimas. Sus datos también mostraron que el perdón intergrupal —el que se otorga a un colectivo o a una institución— es mucho más difícil de alcanzar que el interpersonal, porque exige que el grupo ofensor reconozca colectivamente el daño causado, algo que rara vez ocurre en contextos de guerra.

Todo ello convierte al perdón en algo cualitativamente distinto de un mandato moral. Es también una herramienta de recuperación fisiológica. López-López señaló que el perdón no beneficia principalmente a quien lo recibe, sino, de forma muy concreta y medible, a quien lo otorga. Lo que su investigación y la de estos equipos aporta es la traducción de ese proceso en variables biológicas con nombre y valores concretos.

Tratar síntomas sin investigar las causas

Uno de los argumentos más directos de la conferencia fue que la psicología no puede limitarse a tratar síntomas individuales cuando las causas del malestar son colectivas y estructurales. Tratar la ansiedad de alguien que vive en condiciones de desigualdad extrema, amenaza permanente y redes comunitarias destruidas, sin tocar ninguno de esos determinantes, es como dar un analgésico a alguien que sigue en medio del fuego. En este sentido, el catedrático reflexiona sobre las consecuencias finales: «¿y la persona resolvió el problema? No. La persona sigue sola, no se ha conectado con los demás.»

Algunos de los participantes de la sala también señalaron que la práctica totalidad de los participantes en la elaboración del DSM-5, el manual diagnóstico de referencia en psiquiatría, tienen intereses económicos vinculados a empresas farmacéuticas, y que desde el DSM-1 hasta el DSM-5 las categorías diagnósticas de enfermedades mentales podrían haber crecido en torno a un 300%.

La propuesta de López-López es que la psicología asuma una presencia activa en los espacios donde se toman decisiones políticas. En los Montes de María, el equipo investigador mantuvo contacto directo con parlamentarios colombianos para contribuir en las nuevas políticas nacionales de salud mental. Las propias comunidades pusieron sobre la mesa la exigencia de que sean escuchadas por quienes toman las decisiones porque, según declararon, «si ellos no hablan con nosotros, no vamos a poder construir salud.»

La paz, concluyó López-López, no es un estado de llegada sino un proceso de transformación permanente, y ese proceso no puede sostenerse donde la gente no se siente segura, no confía en las instituciones y no ha aprendido a ver al otro como humano. La investigación presentada ayer en Madrid ofrece tanto el diagnóstico de esa quiebra como las variables concretas que, según los datos, permiten revertirla. Tras la conferencia, y como parte del conjunto de actividades de Pacto de Convivencia, se mantuvo una reunión de trabajo en colaboración con José María Contreras, Catedrático de Derecho Eclesiástico, en torno a la elaboración de un informe sobre la libertad religiosa en el ámbito universitario.