(Redacción, 29/05/2026) | El gobierno de Egipto, bajo la dirección de un gabinete presidido por el primer ministro Mustafa Madbouli, emitió una orden ejecutiva el pasado 19 de mayo para legalizar 191 iglesias y edificios de servicio pertenecientes a diversas denominaciones cristianas, con el fin de regularizar sistemáticamente el estatus de miles de construcciones religiosas que carecían de licencia oficial en el país. Esta medida eleva a 3.804 el número total de edificaciones cristianas que han recibido reconocimiento legal desde que se estableció un comité especializado para este propósito en el año 2016.
La base legal de este proceso es la Ley de Construcción de Iglesias (Ley No. 80 de 2016), aprobada por el Parlamento egipcio el 30 de agosto de 2016. Antes de esta legislación, la facultad de aprobar la construcción o renovación de templos cristianos estaba limitada a las agencias de seguridad nacionales; sin embargo, con el nuevo marco legal, esta potestad se extendió a los gobernadores provinciales. Es importante destacar que este marco normativo no se aplica de la misma forma a los lugares de culto musulmanes sunitas, y otros grupos religiosos como las comunidades ahmadí, bahaí y chií, que permanecen fuera de la cobertura de esta ley.
Respecto a este avance, Mervyn Thomas, presidente fundador de CSW, manifestó que su organización «celebra la noticia de que el gobierno egipcio haya otorgado estatus legal a 191 iglesias y edificios de servicio, y alentamos al gobierno a continuar con este proceso para resolver la situación de la gran cantidad de lugares de culto construidos durante las últimas décadas». El proceso de legalización es visto como una estrategia estatal más amplia para resolver situaciones de irregularidad que se han prolongado por años.
Para el liderazgo de CSW, la libertad de religión o de creencia es un derecho fundamental que debe alcanzar a todos los ciudadanos. En este sentido, Thomas añadió que también alientan «al gobierno egipcio a ampliar estas políticas para incluir a otros grupos religiosos no reconocidos, como las comunidades ahmadía, bahaí y musulmana chií, para reflejar los derechos previstos en la constitución egipcia y el compromiso personal del presidente Sisi con la promoción de la libertad de religión o de creencia y la igualdad de ciudadanía».
