(Redacción, 11/06/2026) | El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) entra en vigor en España mañana, 12 de junio, sin que el Gobierno haya aprobado todavía la legislación nacional necesaria para desarrollarlo. En la semana previa a la celebración del Día Mundial de las Personas Refugiadas —el próximo 20 de junio—, Diaconía, entidad que gestiona programas de acogida en siete comunidades autónomas, reclama esa normativa pendiente y señala los retos que el nuevo marco europeo plantea si no va acompañado de garantías jurídicas concretas.
Un pacto con aspectos por definir
El PEMA fue aprobado en 2024 e introduce cambios relevantes en el acceso a la protección internacional. Filipa Iraizoz, Supervisora Jurídica del programa de Protección Internacional de Diaconía, detalla sus consecuencias sobre el terreno:
«En la práctica, esto supondrá mayores retos para el acceso efectivo a derechos de las personas solicitantes. Las nuevas medidas podrían acelerar los procesos de cribado en frontera en un máximo de siete días; reducir los plazos para la resolución del asilo en frontera a 12 semanas; y amplía el concepto de ‘tercer país seguro’, con lo cual se podría devolver a una persona a un tercer país con el que no tiene ninguna conexión. Por eso es importante la aprobación de una ley que brinde garantías reales de protección.»
Sin una ley estatal que module esos aspectos, las decisiones administrativas quedan sin el marco de referencia que debería orientarlas.
Una estadística que sitúa el problema
Los datos ayudan a entender la dimensión del asunto. España fue en 2025 el país de la Unión Europea con más solicitudes de asilo registradas: 144.396. Sin embargo, más de ocho de cada diez expedientes no obtuvieron protección. La tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado se sitúa en el 18,5%, frente a la media europea del 46%, según cifras de ACNUR y CEAR publicadas este año. La brecha entre el volumen de solicitudes recibidas y la protección efectivamente concedida es uno de los ejes del debate que el PEMA reabre ahora.
Más allá del papel: las barreras cotidianas
Obtener una resolución favorable es solo el primer paso. Las personas refugiadas se enfrentan después a dificultades administrativas para conseguir permisos de trabajo, al no reconocimiento de sus titulaciones, a las barreras del idioma y al desconocimiento que muchos empleadores tienen sobre su derecho al empleo. A eso se suman el acceso a la vivienda, la regularización administrativa y la atención a perfiles especialmente vulnerables, como mujeres supervivientes de violencia o menores.
El testimonio de Meena, refugiada afgana que lleva más de tres años en España, ilustra tanto los obstáculos como la posibilidad real de salir adelante: «Para mí era necesario salir de Afganistán para tener un futuro en libertad como mujer. Aquí te respetan por como eres. Actualmente, tengo la oportunidad de estudiar y de contar con estabilidad laboral, aunque al principio fue muy difícil acostumbrarse a la nueva cultura, sin documentación para poder trabajar y sin conocer el idioma. Diaconía nos ayudó con los trámites de papeles, a aprender la lengua española y a encontrar un hogar para vivir con mi familia.»
La memoria como argumento
Filipa Iraizoz añade una perspectiva histórica que considera relevante para enmarcar el debate:
«No podemos olvidar que España también fue un país de donde las personas huían en búsqueda de seguridad. Tras la Guerra Civil, casi medio millón de personas huyeron del franquismo. Con la democracia, el país consolidó su sistema de asilo y hoy en día somos uno de los principales países receptores en Europa. Es clave recordar que proteger a las personas refugiadas es un deber moral, ya que nuestra propia historia de exilio nos lo recuerda, pero es también una obligación legal.»
España es firmante de la Convención de Ginebra, un compromiso que implica garantizar protección a quienes la necesitan. Esa firma, recuerda Iraizoz, no es interpretable y tiene consecuencias concretas.
Una fecha y una ley pendiente
El PEMA entra en vigor mañana en España, 12 de junio, pero el país aún no cuenta con la normativa estatal que debería acompañar su aplicación. Esa ley es la que tendría que concretar cómo se tramitan los expedientes, qué garantías se ofrecen a los solicitantes y dónde se fijan los límites de conceptos tan sensibles como el de «tercer país seguro». En nueve días, el 20 de junio, se celebrará el Día Mundial de las Personas Refugiadas, una efeméride que este año llega con el debate legislativo todavía abierto y con miles de expedientes cuyo desenlace dependerá, en parte, de las decisiones políticas que se tomen en las próximas semanas.
