(Redacción, 19/08/2026) | La sanidad en zonas de guerra sufre más de cuatro ataques al día. Es la media que registra la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el recuento presentado la semana pasada en Ginebra, que eleva a más de 10.400 los ataques contabilizados desde 2018 en 29 países y territorios, con unas 5.700 muertes asociadas. Ninguno de esos casos ha llegado jamás a un proceso judicial. La conmemoración este miércoles del Día Mundial de la Ayuda Humanitaria llega con ese balance de fondo y con la reciente Declaración para la Protección del Personal Humanitario, que ya han suscrito 122 países, España entre ellos.

La conmemoración de la fecha tiene su origen en un episodio trágico. El 19 de agosto de 2003, la explosión de una bomba en el Hotel Canal de Bagdad, que albergaba el cuartel general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Irak, causó la muerte de 22 trabajadores humanitarios, entre ellos el representante especial del secretario general para Irak, Sergio Vieira de Mello. Cinco años más tarde, la Asamblea General de la ONU designó el 19 de agosto como fecha para rendir homenaje a quienes socorren a las víctimas de las crisis y para reclamar respeto y protección para el personal humanitario.

Los datos de este año confirman un empeoramiento. Entre enero y agosto, la OMS ha contabilizado más de 900 ataques contra la atención sanitaria, la rama del trabajo humanitario dedicada a la salud, con un balance de al menos 900 muertos y más de 1.400 heridos. Ucrania, Líbano y los territorios palestinos concentran la mayoría de los incidentes, a los que se suman los verificados en Sudán, Myanmar, Irán, Siria, Nigeria, Rusia y la República Democrática del Congo. El armamento pesado es el medio más utilizado, seguido de la destrucción de instalaciones y de la violencia psicológica.

Esas cifras, sin embargo, solo reflejan una parte del problema. La violencia y las trabas alcanzan también a quienes reparten alimentos, gestionan campos de desplazados o distribuyen agua potable, un personal que afronta riesgos equivalentes y cuyo balance recogen otros registros del sector.

El daño no termina el día del ataque

El director de Gestión Humanitaria y de Desastres de la OMS, Altaf Musani, insiste en que las cifras no reflejan el alcance real del problema. Un hospital atacado deja sin atención al paciente del día siguiente, inutiliza la ambulancia que debía hacer el próximo traslado e impide que el personal sanitario vuelva a su puesto. Un estudio sobre 69 ataques en el noroeste de Siria detectó que las consultas externas descendieron un 51% al día siguiente, y la caída se prolongó hasta 37 días.

Ese efecto se aprecia hoy en varios conflictos. En Sudán, el 37% de los centros sanitarios figura como no operativo este año y solo el 3% de los evaluados mantiene hospitalización. En Gaza, los 36 hospitales del territorio han sufrido daños y apenas la mitad conserva un funcionamiento parcial. En Ucrania, la OMS ha verificado más de 3.000 ataques contra instalaciones, ambulancias, almacenes y cadenas de suministro desde el inicio de la guerra.

Los muertos son casi siempre vecinos del lugar

La violencia contra quienes reparten la ayuda sigue un patrón paralelo, aunque tiene otra medición. Frente al recuento de la OMS, que suma todas las víctimas de los ataques a la sanidad, la Aid Worker Security Database, contabiliza solo al personal humanitario. Este registro, gestionado por la consultora Humanitarian Outcomes y cuyas cifras emplea la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en sus balances anuales, contabilizó 383 trabajadores humanitarios asesinados en 2024, el peor registro conocido. El recuento del año pasado se situó en torno a los 350.

Detrás de esos números hay un perfil muy estable. Más del 95% de los fallecidos es personal contratado localmente, gente que asiste a su propia comunidad y que no dispone de la cobertura logística ni diplomática del personal expatriado. Reparten alimentos, atienden heridos y distribuyen agua potable en los mismos barrios donde viven sus familias.

Incumplimiento de las normas

Atacar a un trabajador humanitario o a un hospital ya está prohibido. Los Convenios de Ginebra obligan a las partes en conflicto a respetarlos, y la convención de Naciones Unidas sobre seguridad del personal humanitario exige a los Estados que la firman perseguir esos ataques como delito. El Consejo de Seguridad ha reforzado esas obligaciones en sucesivas resoluciones que reclaman investigaciones rápidas, imparciales y eficaces, que los responsables sean llevados ante los tribunales y que los Estados cooperen con la justicia internacional.

El propio Consejo pidió al secretario general de la ONU propuestas concretas para revertir la situación, y estas se trasladaron en noviembre de 2024. Una de ellas apunta a las leyes antiterroristas de numerosos países, que al prohibir cualquier envío de dinero o material a territorios bajo control de grupos incluidos en las listas de terrorismo terminan bloqueando también la ayuda humanitaria. El documento propone que esas normas recojan una salvedad expresa para las organizaciones humanitarias. Plantea además condenar de forma sistemática cada ataque, aplicar criterios responsables en la exportación de armas y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia, sobre todo del personal contratado en el país.

Una declaración con 122 países detrás

En paralelo a esa vía, un grupo de nueve países encabezado por Australia promovió en 2024 la declaración específica sobre protección del personal humanitario, que hoy respaldan 122 Estados. El texto se articula en cuatro compromisos concretos: cumplir el derecho internacional humanitario; garantizar que los equipos de ayuda lleguen hasta las víctimas de forma segura, rápida y sin trabas; equiparar la protección del personal internacional con la del contratado sobre el terreno, que es quien más muertes acumula; y, por último, asegurar que los ataques acarreen consecuencias judiciales.

La declaración no es jurídicamente vinculante ni obliga a aportar fondos. Su valor reside en el compromiso político y en el seguimiento, que recae en un foro permanente con sede en Ginebra integrado por los países firmantes y coordinado desde la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que sirve además de canal de contacto con las organizaciones humanitarias.

Las ONG cristianas piden hechos

Entre las entidades que han respaldado el compromiso figuran organizaciones humanitarias de raíz cristiana. La ONG World Vision, presente en casi un centenar de países, advierte de que el uso creciente de drones y otras tecnologías militares está cerrando clínicas, cortando carreteras y obligando a los equipos a dar media vuelta. Su responsable global de Gestión de Desastres, Isabel Gomes, sostiene que la tecnología puede cambiar la forma de librar una guerra, pero no altera la responsabilidad de proteger la vida y la dignidad de las personas.

La conmemoración de este año trasciende, en cualquier caso, los escenarios de conflicto, ya que Naciones Unidas ha declarado 2026 Año Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Sostenible. Esa dimensión conecta directamente con el trabajo de la comunidad evangélica española a través de Diaconía, servicio de acción social de FEREDE, que sostiene sus programas de protección internacional, migraciones, lucha contra la trata y urgencia social gracias a más de 400 trabajadores y en torno a 200 voluntarios. Con motivo de la jornada, la entidad ha reivindicado hoy esa labor voluntaria y ha animado a sumarse a ella, un recordatorio de que la solidaridad, señala, se construye con tiempo, presencia y compromiso.

Ese compromiso, en la primera línea de los conflictos o en la acción social más cercana, tiene en muchos casos una raíz de fe. Detrás de buena parte de los equipos humanitarios hay creyentes que entienden el servicio a los demás como parte esencial de su vocación, y que sostienen la asistencia en los lugares más peligrosos del mundo junto a tantas otras organizaciones cristianas.

Su entrega, sin embargo, no exime a los Estados de proporcionar protección. El Día Mundial de la Ayuda Humanitaria reconoce esa dedicación, pero también mide la correlación entre las palabras y los hechos. Ocho años de registros de la OMS no han derivado en un solo procedimiento judicial. La Declaración que hoy respaldan 122 países afronta el desafío de convertir el compromiso político en investigaciones reales y en consecuencias para los responsables de esos ataques.