(Redacción, 05/05/2026) | En Corea del Norte, entre 2020 y 2026, el régimen de la dinastía Kim ha intensificado de forma significativa las ejecuciones públicas, incluidas aquellas relacionadas con actividades religiosas y prácticas consideradas como “supersticiosas”, según un informe reciente de la ONG Transitional Justice Working Group (TJWG), con sede en Seúl. La investigación, basada en testimonios de desertores y otras fuentes del interior del país, concluye que este aumento se produce en el contexto del cierre casi total de fronteras tras la pandemia de COVID-19 y responde a un endurecimiento del control estatal sobre la población en un entorno con escasa supervisión internacional.
El Transitional Justice Working Group (TJWG) es una organización no gubernamental (ONG) de derechos humanos con sede en Seúl, Corea del Sur. Fundada en 2014 por defensores de derechos humanos e investigadores de cinco países, es la primera ONG radicada en Corea que se enfoca específicamente en los mecanismos de justicia transicional en regímenes represivos, con un énfasis principal en Corea del Norte .
La organización tiene como misión desarrollar métodos prácticos para documentar violaciones graves de derechos humanos y abogar por la justicia de las víctimas. Utiliza imágenes por satélite y tecnología de Sistemas de Información Geográfica (GIS) para geolocalizar sitios de ejecuciones públicas, entierros masivos y repositorios de evidencia documental en Corea del Norte.
El informe revela un aumento del 117% en las ejecuciones desde el cierre de fronteras al inicio de la pandemia. La investigación identifica 46 lugares utilizados para ejecuciones, con coordenadas precisas en 40 de ellos. Además, documenta 144 ejecuciones adicionales, entre ellas 136 casos en los que participaron al menos 358 personas. Uno de los elementos más preocupantes es el carácter público de estas prácticas, ya que el 70% tuvo lugar ante multitudes, en ocasiones con escolares obligados a presenciarlas, lo que refleja un uso deliberado del miedo como herramienta de control social.
Castigo por fe y cultura
El informe describe un cambio notable en los motivos que conducen a la pena capital. Frente a la reducción de los delitos violentos tradicionales, se observa un aumento de las condenas por motivos ideológicos, culturales y religiosos . Este giro marca una transformación en la forma en la que el régimen ejerce su autoridad.
El cambio coincide con la entrada en vigor de la Ley contra los Delitos Reaccionarios y de Pensamiento en 2020, posteriormente revisada en 2022 y 2023. Esta normativa penaliza tanto la práctica religiosa como el acceso a contenidos extranjeros, incluidos la música y otros elementos culturales. Según el informe, los casos de pena de muerte por asesinato descendieron un 44%, mientras que las ejecuciones relacionadas con la difusión de información extranjera o prácticas religiosas aumentaron un 250% lo que evidencia una prioridad estatal en el control ideológico.
Aislamiento y control total
Corea del Norte fue el primer país en cerrar completamente sus fronteras durante la pandemia, según constata TJWG. En abril de 2026, el país permaneció prácticamente cerrado al turismo internacional, con excepciones muy limitadas para ciudadanos rusos bajo condiciones estrictas y, actualmente, no existe un calendario oficial de reapertura, lo que prolonga el aislamiento.
El informe sostiene que esta situación ha favorecido el refuerzo del control interno. Además, la ausencia de observación internacional ha permitido al régimen ampliar sus mecanismos de represión. Según el documento, este contexto ha facilitado el aumento de ejecuciones y la intensificación de las restricciones sobre la libertad de pensamiento, expresión y religión, lo que configura un entorno altamente restrictivo y vigilado.
El analista jurídico principal de TJWG, el Dr. Ethan Hee-seok Shin, aportó una perspectiva histórica sobre la evolución del país. “Hasta la década de 1940, Pyongyang era conocida como ‘la Jerusalén de Oriente’ debido a su intensa actividad religiosa, antes de tres generaciones de persecución genocida por parte de la dinastía Kim.Ocho décadas después, estas comunidades han sido prácticamente erradicadas”.
El experto también advirtió sobre la situación actual. “Desde la pandemia, las ejecuciones por actos religiosos y ‘supersticiosos’, junto con la distribución y el consumo de cultura e información extranjeras, han aumentado para restablecer el control totalitario, lo cual es preocupante”. Al mismo tiempo, destacó que la presión internacional puede generar cambios. “Corea del Norte responde a la presión externa, lo que representa una herramienta útil”, afirmó, y pidió medidas más firmes para exigir responsabilidades.
Llamado a la comunidad internacional
Desde la organización Christian Solidarity Worldwide, su director ejecutivo, Scot Bower, alertó sobre la gravedad de la situación. “La situación de los derechos humanos en Corea del Norte sigue siendo una de las más graves del mundo”, declaró, y lamentó que a menudo quede relegada frente a otras crisis globales.
Bower subrayó la urgencia de actuar. “No podemos mirar hacia otro lado”, afirmó. También destacó que el informe pone de manifiesto “la mortal amenaza que enfrentan los grupos religiosos y los practicantes de religiones populares tradicionales en Corea del Norte”. Recordó que la presión internacional logró en el pasado reducir el ritmo de ejecuciones, por lo que instó a reactivar mecanismos de responder ante la justicia en instancias judiciales internacionales.
El informe concluye que el aumento de ejecuciones responde a una política deliberada del régimen para reforzar su control ideológico y social. En este contexto, la práctica religiosa y el acceso a información externa se han convertido en factores de alto riesgo, lo que agrava la situación de los creyentes en uno de los países más cerrados y vigilados del mundo.
