(Redacción, 09/04/2026) | La organización internacional Christian Solidarity Worldwide (CSW) ha advertido en su último informe sobre un preocupante incremento de la represión contra comunidades cristianas en Nicaragua, en un contexto de deterioro sostenido de la libertad religiosa en el país.
CSW, entidad que trabaja en más de 20 países defendiendo la libertad de religión o creencias (FoRB, por sus siglas en inglés), señala que durante 2025 se ha intensificado el control estatal sobre iglesias y líderes religiosos, lo que afecta tanto a comunidades evangélicas como a otras confesiones cristianas.
En su informe titulado “Sin respiro: otro año de creciente represión en Nicaragua”, la organización documenta 309 casos distintos de violaciones a la libertad de religión o creencias, una cifra significativamente superior a los 222 registrados el año anterior. Según CSW, estos datos representan solo una parte de la realidad, ya que el temor a represalias impide que muchos incidentes sean denunciados.
De acuerdo con la investigación, estos 309 casos abarcan una amplia gama de abusos, desde vigilancia sistemática de servicios religiosos hasta restricciones directas a la predicación, confiscación de bienes, congelación de cuentas bancarias y detenciones arbitrarias de líderes cristianos.
Uno de los aspectos más preocupantes es la vigilancia constante dentro y fuera de las iglesias. Los líderes evangélicos son obligados a presentarse de forma regular ante la policía, deben informar sobre sus actividades, así como solicitar autorización previa para reuniones, incluso aquellas que se realizan dentro de los templos. En muchos casos, abordar temas como la justicia, la unidad o la situación del país en las predicaciones puede ser interpretado como una crítica al gobierno.
El informe también destaca la prohibición de actividades religiosas públicas, incluidas celebraciones, vigilias y eventos juveniles, lo que ha llevado a muchas congregaciones a reducir sus encuentros o trasladarlos a entornos privados por temor a sanciones.
Asimismo, CSW denuncia el cierre de organizaciones religiosas y la confiscación de propiedades, medidas que han debilitado significativamente la labor de las iglesias. En algunos casos, la congelación de cuentas bancarias ha obligado a comunidades enteras a suspender sus actividades.
En el ámbito personal, se han registrado detenciones arbitrarias de pastores y líderes cristianos, algunos de los cuales han permanecido incomunicados durante largos periodos o han sido condenados bajo cargos considerados cuestionables. También se reportan casos de exilio forzado y retirada de la nacionalidad.
CSW sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia del gobierno para “controlar, cooptar o eliminar” a actores independientes con influencia social, incluidas las comunidades religiosas. Al mismo tiempo, el informe señala que las autoridades intentan proyectar una imagen de normalidad permitiendo ciertas actividades religiosas afines, mientras restringen severamente a otros grupos.
La organización subraya que la libertad de religión o creencias no se limita al ámbito privado, sino que incluye el derecho a reunirse, enseñar, practicar y manifestar la fe públicamente sin interferencias indebidas del Estado.
La organización hace un llamado a la comunidad internacional para que se refuercen los mecanismos de presión y rendición de cuentas, con el objetivo de proteger la libertad religiosa y los derechos humanos en el país.
