(Redacción, 28/04/2026) | En Argelia, desde 2017 y hasta 2025, las autoridades estatales ordenaron el cierre sistemático de casi todas las iglesias protestantes, lo que afecta a miles de creyentes evangélicos. La medida responde a un mayor control sobre el culto no musulmán y ha obligado a trasladar la vida religiosa a espacios privados. Según un informe recientemente publicado por el Centro Europeo para la Ley y la Justicia (ECLJ), esta situación constituye “un sistema legal y administrativo restrictivo incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de religión”.

El informe señala que los cierres no son hechos aislados, sino parte de una política sostenida en el tiempo. Desde 2006, al menos 58 iglesias protestantes han sido clausuradas, incluidas casi todas las vinculadas a la Iglesia Protestante de Argelia (EPA, por sus siglas en francés) . En enero de 2025, las últimas iglesias evangélicas cesaron sus actividades. El documento advierte que existe una contradicción profunda entre la ley y la práctica, con una “brecha creciente entre las garantías constitucionales de Argelia y la realidad vivida por su minoría cristiana”.

La fe trasladada a la clandestinidad

La desaparición de templos ha transformado la vida cristiana en el país. Los creyentes ahora se reúnen en casas, espacios improvisados o zonas rurales. Estas comunidades han adoptado formas discretas de organización, conocidas como iglesias domésticas o “iglesias bajo los olivos”, así denominadas por encontrarse en zonas remotas. Este cambio refleja una adaptación forzada ante la falta de libertad religiosa.

Un representante de la EPA expresó en el informe la actitud de los fieles ante esta situación. “Tratamos de vivir nuestra comunión lo mejor que podemos; lo más importante es estar juntos”, afirmó, subrayando la importancia de la comunidad por encima de las estructuras físicas.

La legislación argelina exige autorización estatal para cualquier culto no musulmán. Sin embargo, el informe sostiene que estas aprobaciones casi nunca se conceden. La normativa de 2006 obliga a celebrar actividades religiosas solo en edificios autorizados al mismo tiempo que una ley de 2012 todavía vigente impone el registro obligatorio de asociaciones religiosas. “En la práctica, las autoridades argelinas han rechazado todas las solicitudes para la apertura de nuevos lugares de culto” , denuncian en el informe.

Sin reconocimiento legal, incluso los pequeños encuentros pueden considerarse infracciones. Pastores y creyentes enfrentan procesos judiciales por reunirse sin autorización. También se han registrado intervenciones policiales en reuniones de oración, con detenciones e interrogatorios. Un caso reciente ilustra esta realidad, cuando un grupo de cristianos fue retenido durante horas tras un encuentro religioso, lo que evidencia el riesgo constante al que se enfrentan.

Leyes que limitan la expresión religiosa

El informe también denuncia leyes que penalizan determinadas formas de expresión cristiana. La legislación contempla sanciones contra quienes “socaven la fe de un musulmán” o intenten convertir a otros. El alcance de estas normas resulta amplio y genera un clima de inseguridad.

El documento advierte que “cualquier expresión de la fe cristiana puede ser considerada como un intento de ‘socavar la fe de un musulmán’… y puede dar lugar a un procesamiento”. Estas disposiciones se han aplicado en casos relacionados con redes sociales, distribución de material religioso o conversaciones públicas, lo que ha llevado a muchos creyentes a vivir su fe con discreción y temor.

A pesar de las restricciones, la comunidad cristiana ha crecido en las últimas décadas. Se estima que alcanza los 156.000 fieles, cerca del 0,3% de la población, con un crecimiento notable entre los evangélicos. Este fenómeno resulta especialmente visible en la región de Cabilia.

El informe cita a la historiadora Karima Dirèche, quien ofrece una explicación sobre este contexto social. “El tejido social quedó dañado durante la guerra civil, lo que hizo que el terreno fuera fértil para el cambio religioso”. Este crecimiento, sin embargo, se ha producido fuera de estructuras oficiales, lo que incrementa la vulnerabilidad de los creyentes.

Los conversos del islam enfrentan desafíos particulares. Aunque la conversión no está prohibida de forma explícita, suele percibirse como una ruptura con el orden social. El informe indica que estos creyentes pueden sufrir presiones tanto de las autoridades como de sus comunidades, además de discriminación en distintos ámbitos. Esta situación refleja una tensión constante entre fe personal y entorno social.

En el contexto regional, otros países del norte de África también combinan libertad de culto con control estatal. En Túnez, la libertad de creencia está reconocida, aunque el proselitismo genera tensiones. En Marruecos, la actividad cristiana se permite de forma limitada. Sin embargo, el informe subraya que Argelia presenta uno de los niveles más altos de restricción, con un control sistemático sobre el culto no musulmán.

Escasa presión internacional

Argelia ha ratificado acuerdos internacionales que protegen la libertad religiosa, pero el informe sostiene que estos compromisos no se aplican plenamente. Además, las reacciones de estos organismos han tenido poco impacto. El documento afirma que han sido “en gran medida simbólicas y no vinculantes”, lo que ha permitido que la situación continúe sin cambios significativos.

El tema ha ganado visibilidad internacional tras una reciente visita papal que destacó la herencia cristiana del país y promovió el diálogo interreligioso. A pesar de ello, la realidad sobre el terreno permanece prácticamente igual. Muchos creyentes viven su fe fuera del espacio público, en comunidades discretas y descentralizadas.

El informe concluye con una advertencia clara. “La opresión de los cristianos en Argelia no puede entenderse como una serie de incidentes aislados”, sino como “el resultado de un sistema legal y administrativo restrictivo”.